Educación examinará de nuevo a los afectados de FP al perder los exámenes

El viceconsejero de Educación, Fernando Sánchez-Pascuala, anunció ayer que los alumnos que se han visto afectados por el presunto fraude del centro privado de FP Tierras de La Bañeza podrán presentarse a una convocatoria extraordinaria de pruebas libres para obtener su título, y que se celebrará en septiembre. Esta decisión ha sido duramente criticada por el PSOE, que exige «responsabilidades políticas» al PP de la Junta ya que, según la procuradora Ángela Marqués, la consejería «tardó nueve meses desde que tuvo la primera noticia de un estudiante que reclamaba su título y no lo recibía, al reconocer la consejería irregularidades en el centro de forma reiterada y por haberse malogrado la mejor solución para los estudiantes». Según el PSOE, la primera opción de la consejería era recoger los exámenes para validar las notas «sin embargo, estos exámenes no aparecen y no se entiende cómo es posible que la consejería haya permitido el inicio del curso y el desarrollo del mismo como si nada sucediera cuando tenían constancia de tantas irregularidades».

Una solución legal. Asimismo, el PSOE considera «muy grave» que no se haya iniciado el expediente para revocar todas las autorizaciones al centro hasta este mes de abril, una circunstancia que ha motivado a los socialistas ha pedir ceses al viceconsejero que, según Ángela Marqués, admitió durante su comparecencia que «no hemos podido actuar con eficacia». La procuradora acusa, además, a la directora provincial de Educación de «mentir sin ningún rubor» ya que «es falso que este caso se detectara por una inspección rutinaria y que el centro no tuviera antecedentes, como ella defendió en mayo por lo que su credibilidad queda en entredicho».

«Nosotros abogamos por una solución legal y que dé seguridad jurídica a todos, y lamentamos que la mejor opción para los intereses de los estudiantes no se pueda realizar por la excesiva lentitud, falta de celo y de especial diligencia por parte de la Administración -”señala Marqués-”. Pero la legalidad de la solución debe quedar fuera de toda duda al igual que su excepcionalidad porque excepcional y muy grave es este caso del que no se conocen antecedentes en España».

El viceconsejero, por su parte, considera que la Administración «ha dado permanentemente respuesta a las presuntas irregularidades de este centro, ha tomado las medidas encaminadas a subsanarlas y, preferentemente, a prevenirlas».

Sánchez-Pascuala reconoció que el hecho de que el centro sea privada e imparta formación a distancia «ha generado dificultades», aunque detalló la labor de la inspección y su remisión del caso a la Fiscalía, a la que instó a la suspensión cautelar de las actividades en este centro.