El juez exige al alcalde facilitar información regular a la oposición

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León ha emitido una sentencia contra el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz, dando en parte la razón a dos concejales del Grupo Socialista que reclamaron copia de una serie de documentos e informaciones municipales y a cuya petición el alcalde del PP, Jorge Fernández, «hizo caso omiso», según denunció ayer el PSOE en una nota de prensa. Sin embrago, el regidor niega que la sentencia dé la razón a los socialistas y asegura que respalda su decisión de no dar copia de una licencia de obra de un particular, tal y como reclamaban los ediles socialistas. «Lo único que la sentencia advierte es la oblicación de facilitar información pública, que es lo que venimos haciendo siempre, pero no nos obliga a dar documentos que pertencen a particulares», matizó Jorge Fernández, que quiere dejar claro que la sentencia «no es condenatoria».

En docha sentencia 189/09 de finales del pasado mes de septiembre, cuyo contenido adelantó ayer el PSOE, «el juez entiende que el regidor popular con su actitud ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho a la participación, dando por probado que no se comunica a los peticionarios (los concejales del PSOE) en qué condiciones y cómo se va a habilitar la información, generando de facto una situación de ausencia absoluta de información».

Por ello, el magistrado condena la actitud del alcalde, estimando la protección de los derechos fundamentales de los concejales socialistas Ángel Escudero y Santiago Alija, y reconoce expresamente «el derecho de los recurrentes a obtener la copia de los documentos, debiendo habilitarse por el Ayuntamiento demandado, día y hora para el examen de los referidos expediente».

Para el Grupo Socialista, esta decisión judicial demuestra «el nulo talante democrático del alcalde del PP que tanto tiempo los socialistas llevamos denunciando».

Por último, los concejales socialistas en el municipio invitan al regidor popular a recurrir la sentencia en el plazo de quince días que tiene para ello, «como él nos invitó a acudir a los tribunales cuando se negó a darlos la información a la que tenemos derecho, cosa que hicimos, como demuestra esta sentencia que condena su actitud».