El abogado de Mario Calvo solicita una nueva prueba o el aplazamiento de la vista
La vista oral por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013 comienza ahora en el Juzgado de lo Penal 2 de León. La jornada de hoy se dedicará a las cuestiones previas,
La jueza explica las causas del juicio penal que se inicia hoy, y que se prolongará a lo largo de 25 sesiones hasta finales del mes de marzo. Los primeros en declarar serán los 16 acusados por el accidente, a partir de mañana y durante cinco jornadas, hasta la próxima semana.
La jueza pregunta a cada uno de los abogados si existe alguna cuestión previa que alegar antes de iniciar el juicio oral. De momento ninguno de los letrados considera que existan cuestiones previas que apuntar.
El abogado del hermano de Orlando González Fernández presenta una cuestión previa, se refiere al alzhéimer que sufre la madre del minero fallecido, por lo que no podrá prestar declaración el próximo día 27. Testificará en su lugar su hermano, José Manuel González Fernández.
Por su parte los abogados de las defensas están solicitando que los acusados no tengan que acudir todos los días de la vista a los juzgados, al menos los que residen fuera de León, por lo gravoso que resulta dado lo prolongado de la vista oral. Y acudirían en el momento de presentar las conclusiones.
Solicitud de aplazamiento del juicio
El abogado de Mario Calvo Herze, director general de la Hullera, solicita a la jueza que requiera de urgencia al administrador concursal que aporte antes de mañana el acta de 2009 que estableció la organización de la empresa hasta su disolución. El administrador no la ha aportado reiteradamente, y el abogado considera que incurre en desobediencia y entorpece la defensa y el proceso, porque tanto el fiscal como las acusaciones basan sus argumentos en que la organización de la seguridad de la Vasco no era correcta.
En caso de que no se aporte, solicita el aplazamiento del juicio.
El abogado de varios de los ingenieros de la sociedad minera advierte de que en su momento solicitará que se tenga en cuenta el derecho de sus defendidos a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que la instrucción y el inicio del juicio oral se han prolongado durante más de nueve años.
Argumento al que se suma el abogado de dos de los vigilantes encausados.
El abogado de la aseguradora HDI solicitará que se retire la responsabilidad en las indemnizaciones, como ya ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un caso anterior de accidente en la Hullera Vasco Leonesa.
El fiscal señala que el requerimiento del acta del consejo de administración de la empresa de 2009 se ha reclamado reiteradamente por el Juzgado, y aunque es obligación del administrador concursal custodiar esos documentos puede haberse perdido. "El juzgado ya ha hecho todo lo posible".
Además se opone a la exclusión de la responsabilidad de las compañías de seguros porque es una cuestión de fondo que debe tratarse en el juicio oral, como la dilación del juicio.
Los abogados de varias de las acusaciones particulares rechazan que se dispense de acudir a todas as sesiones de los acusados; y señalan también que el argumento de las dilaciones indebidas no es válido ya que la suspensión del anterior juicio oral se produjo a causa de la no aportación por parte de cuatro de los acusados de sus pólizas de responsabilidad con la aseguradora Mapfre, lo que implicó que el proceso tuviese que volver a la fase de instrucción.
La acusación particular se opone a la ausencia de los acusados durante la vista oral pedida por las defensas, debido a que considera que, si fuera necesario tomarles declaración en el transcurso de las sesiones, su ausencia provocaría retrasos en el juicio.
"No tiene a nuestro juicio ningún sentido que los acusados estén presentes. Se olvidan las acusaciones del derecho básico de las defensas de contestar o no a las preguntas, un derecho que no puede ser conculcado en ningún sentido", señala una de las defensas.
No comparten la petición de suspensión del juicio porque entienden que aunque el acta sea una prueba documental valorable, no es una prueba sustancial inequívoca que genere indefensión.
Desde las defensas se señala que obligar a los acusados al "paseíllo" diario de la comparecencia en los juzgados tiene una intención de "escarnio público".