El apagón nubla el club de investidura
Junts y ERC piden la comparecencia de Sánchez y de varios ministros mientras Podemos exige reforzar los servicios públicos

La presidenta de la Comisión Europea.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió este martes de oficio una causa para investigar el histórico apagón eléctrico como un delito de terrorismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro considera que la incidencia que afectó a todo el territorio peninsular «pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas». Como primeras diligencias, el magistrado requiere al Centro Cristológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI, a Red Eléctrica y a la Policía la elaboración de informes para que, «en un plazo improrrogable de diez días", indiquen la o las causas que motivaron el colapso energético. El juez explica que el incidente ocurrió el lunes sobre las 12:30 de la mañana y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transportes, lo que supuso «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos». La resolución indica que, si bien en este momento la causa de los hechos se desconoce, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles». Por lo tanto, añade, resulta necesaria la apertura de una investigación.
Los ingenieros industriales de León y Valladolid han asegurado este martes que «reducir ahora» el peso de la energía nuclear en la generación eléctrica «aumenta la vulnerabilidad del sistema» nacional e incrementa el riesgo de apagones. Para los colegios, «este insólito acontecimiento ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema, que demanda una mayor estabilidad y, por lo tanto, un peso adecuado de las fuentes de energía con respaldo firme, lo cual es contrario a la reducción del peso de la nuclear». Para los ingenieros, la red eléctrica española «está preparada para resistir fallos locales, pero no para fallos simultáneos y en cascada como sucedió ayer", debido a que consideran que «faltan infraestructuras de respaldo ultrarrápido y la capacidad de respuesta ante eventos de escala continental es limitada». En este contexto, «la reducción del peso de la generación de energía nuclear al 8 por ciento del total del sistema podría ser contraria a los intereses del país». "La generación renovable es fundamental, pero sin respaldo firme, como la nuclear o almacenamiento masivo, la red se vuelve más vulnerable. Sin inercia, los sistemas renovables no pueden estabilizar frecuencia rápidamente, lo que acelera colapsos como el de ayer".
El masivo apagón del lunes oscureció aún más la espinosa convivencia que mantiene el Gobierno de coalición en esta fase de la legislatura con los socios del llamado bloque de investidura. Una convivencia empañada ya de por sí por el debate sobre el aumento del gasto militar, la fiscalidad o la vivienda. Junts y ERC registraron por separado sendas peticiones de comparecencia en el Congreso y en el Senado para la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Transportes, Óscar Puente; o a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Los republicanos, de la mano del BNG, fueron un paso más lejos al exigir también la citación «urgente» de Pedro Sánchez para pedirle explicaciones por el cero energético que se produjo en toda la Península Ibérica. El partido que lidera Carles Puigdemont, que el día anterior, en redes sociales, se había mostrado muy crítico con el president de la Generalitat, Salvador Illa, lamentó que en Cataluña «llueva sobre mojado", toda vez que al apagón del lunes se sumara este martes el de la red de Cercanías, que funciona a medio gas y el Govern no se ha garantizado que el servicio pueda estar restablecido por completo durante el martes. Junts puso al exministro de Sanidad en la diana, al que achacó su «debilidad» y su falta de liderazgo. Los postconvergentes contraponen la gestión de Illa durante la crisis energética —y por ende, la del Gobierno central— con la que hicieron, a su juicio, el propio Puigdemont, como presidente de la Generalitat, durante los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils; la de Quim Torra en la pandemia o la del republicano Pere Aragonés durante la sequía que azotó a Cataluña en los dos últimos años. Esquerra, por su parte, criticó que el Gobierno catalán ofreciera «información tardía", lo que a su juicio «dificultó la ejecución de respuestas rápidas a todos los niveles». En la misma línea, la CUP reclamó que el presidente de la Generalitat comparezca ante la Cámara catalana.
Podemos pudo el lunes por la mañana dar su habitual rueda de prensa. Minutos antes del apagón, su coportavoz, Pablo Fernández, llamaba a la «insumisión» frente al Gobierno por el gasto militar. Por la noche, cuando poco a poco el país iba recuperando la luz, rebajaron el tono, haciendo hincapié en la defensa de los servicios públicos. La líder de los morados, Ione Belarra, lamentaba este martes en rueda de prensa que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, les dejara para el final en la ronda de consultas y que no se comunicara con ella para explicar la situación hasta las 22.00.