Diario de León

El apagón nubla el club de investidura

Junts y ERC piden la comparecencia de Sánchez y de varios ministros mientras Podemos exige reforzar los servicios públicos

La presidenta de la Comisión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea.kai forsterling

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Agencias
Bruselas

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abrió este martes de oficio una causa para investigar el histórico apagón eléctrico como un delito de terrorismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro considera que la incidencia que afectó a todo el territorio peninsular «pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas». Como primeras diligencias, el magistrado requiere al Centro Cristológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI, a Red Eléctrica y a la Policía la elaboración de informes para que, «en un plazo improrrogable de diez días", indiquen la o las causas que motivaron el colapso energético. El juez explica que el incidente ocurrió el lunes sobre las 12:30 de la mañana y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transportes, lo que supuso «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos». La resolución indica que, si bien en este momento la causa de los hechos se desconoce, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles». Por lo tanto, añade, resulta necesaria la apertura de una investigación.

Los ingenieros industriales de León y Valladolid han asegurado este martes que «reducir ahora» el peso de la energía nuclear en la generación eléctrica «aumenta la vulnerabilidad del sistema» nacional e incrementa el riesgo de apagones. Para los colegios, «este insólito acontecimiento ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema, que demanda una mayor estabilidad y, por lo tanto, un peso adecuado de las fuentes de energía con respaldo firme, lo cual es contrario a la reducción del peso de la nuclear». Para los ingenieros, la red eléctrica española «está preparada para resistir fallos locales, pero no para fallos simultáneos y en cascada como sucedió ayer", debido a que consideran que «faltan infraestructuras de respaldo ultrarrápido y la capacidad de respuesta ante eventos de escala continental es limitada». En este contexto, «la reducción del peso de la generación de energía nuclear al 8 por ciento del total del sistema podría ser contraria a los intereses del país». "La generación renovable es fundamental, pero sin respaldo firme, como la nuclear o almacenamiento masivo, la red se vuelve más vulnerable. Sin inercia, los sistemas renovables no pueden estabilizar frecuencia rápidamente, lo que acelera colapsos como el de ayer".

El masivo apagón del lunes oscureció aún más la espinosa convivencia que mantiene el Gobierno de coalición en esta fase de la legislatura con los socios del llamado bloque de investidura. Una convivencia empañada ya de por sí por el debate sobre el aumento del gasto militar, la fiscalidad o la vivienda. Junts y ERC registraron por separado sendas peticiones de comparecencia en el Congreso y en el Senado para la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Transportes, Óscar Puente; o a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Los republicanos, de la mano del BNG, fueron un paso más lejos al exigir también la citación «urgente» de Pedro Sánchez para pedirle explicaciones por el cero energético que se produjo en toda la Península Ibérica. El partido que lidera Carles Puigdemont, que el día anterior, en redes sociales, se había mostrado muy crítico con el president de la Generalitat, Salvador Illa, lamentó que en Cataluña «llueva sobre mojado", toda vez que al apagón del lunes se sumara este martes el de la red de Cercanías, que funciona a medio gas y el Govern no se ha garantizado que el servicio pueda estar restablecido por completo durante el martes. Junts puso al exministro de Sanidad en la diana, al que achacó su «debilidad» y su falta de liderazgo. Los postconvergentes contraponen la gestión de Illa durante la crisis energética —y por ende, la del Gobierno central— con la que hicieron, a su juicio, el propio Puigdemont, como presidente de la Generalitat, durante los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils; la de Quim Torra en la pandemia o la del republicano Pere Aragonés durante la sequía que azotó a Cataluña en los dos últimos años. Esquerra, por su parte, criticó que el Gobierno catalán ofreciera «información tardía", lo que a su juicio «dificultó la ejecución de respuestas rápidas a todos los niveles». En la misma línea, la CUP reclamó que el presidente de la Generalitat comparezca ante la Cámara catalana.

Podemos pudo el lunes por la mañana dar su habitual rueda de prensa. Minutos antes del apagón, su coportavoz, Pablo Fernández, llamaba a la «insumisión» frente al Gobierno por el gasto militar. Por la noche, cuando poco a poco el país iba recuperando la luz, rebajaron el tono, haciendo hincapié en la defensa de los servicios públicos. La líder de los morados, Ione Belarra, lamentaba este martes en rueda de prensa que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, les dejara para el final en la ronda de consultas y que no se comunicara con ella para explicar la situación hasta las 22.00.

La UE usará la crisis española para conocer las vulnerabilidades europeas

La Comisión Europea dispondrá de un informe independiente sobre el apagón masivo en la Península Ibérica que incluirá una primera versión técnica que estará lista en un plazo de seis meses y otro estudio —que incluirá también recomendaciones— que debería estar terminado antes de septiembre de 2026. Es lo que prevé la legislación comunitaria para apagones de nivel 3 en una escala de 1 a 3 y, aunque la gravedad de la interrupción de suministro en España y Portugal aún no ha sido oficialmente clasificada, las fuentes europeas dan por hecho que dada la magnitud del incidente será considerado de nivel máximo. «Estamos preparados para apoyar a España y Portugal de todas las formas posibles, incluida la puesta en marcha de una investigación exhaustiva», dijo en la red social X el comisario europeo de Energía, Dan Dan Jørgensen. En caso de incidente de nivel 3, existe una primera obligación para el país afectado, que en un plazo máximo de 3 meses desde que se levanta la emergencia debe presentar a Bruselas un informe con las causas y los impactos, entre otras disposiciones. Las fuentes europeas rechazaron especular sobre las causas técnicas del incidente o el impacto de las escasas interconexiones eléctricas entre España y Francia, que rondan el 2,8 % pese a que en 2025 deberían alcanzar el 10 % y en 2030 el 15 %. «Una mayor integración en la red es mejor», se limitaron a decir los técnicos, evitando entrar en un recurrente conflicto político de acusaciones cruzadas entre Francia y España. Es normal, en todo caso, que el sistema español se cayera pero que el resto de países de la UE no tuvieran incidencia o esta fuera mínima, descontando el sur de Francia, porque el sistema eléctrico comunitario está diseñado precisamente para aislar el problema si no se puede solucionar de inmediato. El sistema tiene que estar siempre en equilibrio pues se debe consumir toda la electricidad que se produce. Eso se mide en una frecuencia que normalmente es de 50 herzios. Si los elementos de la red detectan desequilibrios con mucha potencia o corriente, saltan para evitar problemas en el resto del sistema, que es lo que aparentemente ocurrió el lunes en la Península Ibérica. Generalmente se produce un «efecto cascada» porque si una línea salta, la corriente que transportaba tiene que repartirse por el resto de líneas, que también pueden saltar si se sobrecargan. En un primer momento, el resto de operadores de red de los países de la UE tienen obligación de asistir al Estado miembro en apuros a través de las «reservas» de electricidad que están obligados a mantener. España y Portugal, por ejemplo, han ayudado a Ucrania en los últimos meses.
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