La ley de vivienda no se aleja de la polémica

Aumentar la oferta de viviendas y, al mismo tiempo, ofrecerla a precios asequibles. Esas eran dos de las claves de la Ley de Vivienda, una norma que fue aprobada en mayo de 2023 y que no ha estado exenta de polémica. Es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la que e incluye como objetivo poner fin a las tensiones en el mercado del alquiler y «apoyar a los jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda».

Una ley que no ha estado exenta de polémica y que no ha conseguido contentar a las partes implicadas desde su entrada en vigor.

La oferta de vivienda en alquiler de larga estancia ha caído más de un 50% desde hace dos años, mientras la demanda ha crecido más de un 20%. Al menos así lo asegura la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Según su estudio, la alta presión de la demanda y la reducción de la oferta ha expulsado de las grandes ciudades al 30,7% de los inquilinos en el último año.

Y es que la escasez de vivienda disponible para alquiler de larga duración se ha extendido a todo el territorio, incluso a la segunda y tercera periferia, que es hacia donde se está desplazando la demanda. Esta situación, según FAI, está provocando que miles de jóvenes no puedan emanciparse o que retrasen decisiones vitales como formar una familia. «El problema ya no es solo acceder a una vivienda, sino acceder a un proyecto de vida digno», recalca.

Era una de las medidas estrellas del Gobierno de coalición, pero lo cierto es que no ha dejado de cosechar críticas y no son pocos quienes cuestionan su efectividad.

Recientemente, el PSOE presentó una iniciativa que contempla medidas fiscales que castigan a los pisos turísticos, los vacíos o a las inversiones de los no comunitarioS. La proposición de ley recoge una batería de medidas fiscales, una propuesta fiscal —de incentivos y desincentivos— para abordar «por tierra, mar y aire» todas las respuestas posibles al problema de la vivienda y que la mayoría social y política prioriza que la vivienda tiene que ser para vivir y que las ciudades tienen que ser para los vecinos.

Esta proposición de ley despeja una de las principales dudas sobre cómo se limitará la compra por parte de extranjeros no residentes, factor al que el Ejecutivo achaca parte de la explosiva subida de precios de los últimos tiempos. En este sentido, se ha optado por la creación de una nueva figura que, de inicio, duplicará el precio final de la vivienda para estos compradores, para desincentivar sus operaciones.

Entre las novedades de esta propuesta, también está que modifica la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), que pasarán de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de vivienda destinadas al alquiler a precio asequible, por lo que podrá quedar «nulo» según el porcentaje vivienda asequible que promuevan. De igual manera, se incluye la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF, pudiendo llegar al 100%, en zonas que no hayan sido declaradas tensionadas para movilizar la vivienda a precios asequibles.

Sobre la mayor carga tributaria de la vivienda vacía, la tributación oscila entre el 1,1% y el 2%. Por ello, se establecerá una mayor progresividad con más tramos de tributación, cuyo porcentaje se actualizaría en coordinación con el Ministerio de Hacienda.

Sobre cuando se activará este paquete de medidas, el PSOE pretende aprovechar la «primera ocasión» que tenga en el cupo de iniciativas del Congreso de los Diputados. Así, estima que es posible que esto sea en la primera quincena del mes de junio.

Por otra parte, la Mesa del Congreso ha reactivado hace unos días la tramitación de la ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones, propuesta por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, gracias a los votos del PP, ya que el PSOE ha votado a favor de seguir prorrogando el plazo de enmiendas.

El texto establece que si un alquiler temporal dura más de nueve meses o encadena más de dos contratos consecutivos se entenderá como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas.

Muchas novedades en un convulso sector de la vivienda.