La Junta seguirá defendiendo su postura en contra de la nueva PAC

El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jorge Llorente, reiteró este viernes que la comunidad seguirá defendiendo su posición respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2027-2033, una propuesta consensuada con los agentes del sector agrario regional. Llorente recordó que la Junta comenzó a trabajar en su documento a finales del año pasado y que para mediados de 2025 ya se habían definido las demandas del campo castellano y leonés. Entre ellas, destacó la necesidad de contar con una dotación económica adecuada, así como la separación de los pagos directos de los fondos de desarrollo rural. El viceconsejero hizo hincapié en la importancia de apoyar a la agricultura profesional y expresó su desacuerdo con las propuestas recibidas desde la Unión Europea, que considera insuficientes para las necesidades del sector. Por otro lado, Llorente valoró el avance en las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo, señalando que los trabajos «marchan a buen ritmo» gracias al refuerzo de los equipos para acelerar el proyecto, pese a las dificultades propias de la zona, caracterizada por la dispersión de cultivos, dijo. También indicó que la Consejería de Agricultura trabaja en la implementación de sistemas antiheladas para proteger las explotaciones agrícolas del Bierzo ante episodios climáticos adversos. «Estamos desarrollando todas las actuaciones necesarias para que estas medidas de protección lleguen a la comarca, adaptando y mejorando los módulos de ayudas», concluyó.

Por otro lado, la Comisión Europea podría aprobar que los agricultores reciban hasta el 70 por ciento de sus pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) a partir del 16 de octubre, frente al 50 porciento actual, ya que estudia tomar medidas para permitir que los Estados miembros de la UE paguen anticipos más elevados de los fondos a los agricultores, y poder así abordar los problemas de liquidez a los que muchos de ellos se enfrentan actualmente.

Del mismo modo, los pagos anticipados para las intervenciones basadas en la superficie y los animales en el marco del desarrollo rural pueden incrementarse hasta un 85 por ciento, en lugar del 75 por ciento habitual.