Nuevos avances en la concentración parcelaria regable del Bajo Tuerto

El proceso de concentración parcelaria en la zona regable del Bajo Tuerto, en la provincia de León, da un paso clave con la convocatoria de la asamblea única en la que se elegirá a los miembros de la Comisión Local y de los Grupos Auxiliares de Trabajo, responsables de impulsar la reorganización de las fincas y la modernización del regadío. La cita, fijada para el 11 de febrero de 2026 en distintos municipios de la vega del Órbigo, permitirá designar a los representantes que participarán en la elaboración del estudio técnico previo, según publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León.

Este avance se produce tras años de gestiones iniciadas en 2021, cuando los agricultores comenzaron los trámites para crear una comunidad de regantes única que aglutinara a todas las agrupaciones de la zona con el objetivo prioritario de modernizar el sistema de riego.

La futura Comunidad de Regantes del Bajo Tuerto integrará a entidades históricas como Los Tres Concejos, San Félix de la Vega, Villarnera y Santibáñez de la Isla, Presa de La Manga, Santa María de la Isla y las agrupaciones de Toral de Fondo y Toralino de la Vega, abarcando más de 1.860 hectáreas.

Todas ellas han aprobado ya la concentración parcelaria y la modernización del regadío, que supondría un ahorro de agua significativo y garantizaría el caudal ecológico del río Tuerto, además de impulsar cultivos hortícolas en una de las vegas más fértiles de la provincia.

Y es que la modernización no solo es una apuesta por la eficiencia hídrica, sino también por la biodiversidad y por el futuro del sector, al hacer más atractivo el campo para los jóvenes y favorecer la implantación de nuevos cultivos en suelos de gran calidad, donde la patata sigue siendo uno de los productos estrella.

Ahora, con el respaldo de un estudio agrosocioeconómico que avala la urgencia de la actuación, la pelota está en el tejado de las administraciones. La Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) deberán dar luz verde a un proyecto que los agricultores consideran «de interés general» y que puede marcar la diferencia entre mantener viva una zona hortícola de referencia o condenarla al abandono. Los interesados en participar en las asambleas deberán acudir personalmente o representados, conforme a la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en una jornada que se perfila como decisiva para el futuro del Bajo Tuerto.