La PAC y el acuerdo Mercosur empujan al campo a tomar las calles

El acuerdo comercial UE-Mercosur no convence ni a las organizaciones agrarias ni a la Junta de Castila y León, como han constatado en la reunión del Consejo Agrario Regional celebrado esta semana. La firma este sábado del acuerdo junto a los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) han llevado a agricultores y ganaderos a anunciar movilizaciones en las calles del 26 al 30 de enero en señal de protesta ante unas decisiones que están agravando la situación crítica que atraviesa el campo.

Así, lo han anunciado este jueves las asociaciones agrarias de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que promueven estas concentraciones y movilizaciones por el territorio nacional.

También en Castilla y León, las organizaciones agrariasAsaja, UPA, COAG y UCCL han convocado, en unidad de acción en todas las provincias de la Comunidad, a los agricultores y ganaderos para manifestar su oposición contra el acuerdo entre la Unión Europa y Mercosur. El calendario de protestas se desarrollará entre el 26 y el 30 de enero, pero está previsto que la mayoría de las protestas provinciales se concentren el jueves 29.

En un comunicado conjunto de las organizaciones recogido por Ical, se asegura que aunque para algunos sectores económicos europeos la firma de este acuerdo será una «gran noticia», para el sector agrario esa firma será «casi una sentencia de muerte». «Una vez más los agricultores y ganaderos europeos se convierten en carne de cañón de una guerra en las que son siempre otros sectores quienes recogen las medallas». Además, dado que el paso definitivo será la ratificación del acuerdo por parte del Parlamento Europeo, reclaman a los eurodiputados españoles que voten en contra del acuerdo.

Las organizaciones convocantes de estas protestas coinciden en los aspectos del acuerdo de Mercosur que más perjudican al campo español y así lo expresaron en el último Consejo Agrario de Castilla y León. Uno de los principales problemas es que los agricultores y ganaderos de los países que conforman Mercosur van a producir con exigencias infinitamente más laxas que las que se requieren en la Unión Europea y que, por ende, sus productos serán «desleal competencia» de los europeos.

Además, denuncian que tampoco tendrán las garantías sanitarias de las que hoy gozan los productos europeos, con la consiguiente repercusión negativa para los consumidores. Por este motivo, las organizaciones agrarias exigen una reciprocidad real que garantice los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, con control de trazabilidad, salvaguardas ante caídas de precios y reforzar los controles en frontera para cumplir las condiciones fitosanitarias, zoosanitarias, y de bienestar animal.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, ha avanzado el inicio de este proceso de movilizaciones, con el objetivo de concentrar la mayor parte de concentraciones el próximo 29 de enero, donde además de tractoradas y protestas por todo el territorio también se preveén actos de las asociaciones locales en Madrid, según ha señalado el presidente de Asaja, Pedro Barato, que ha apuntado que por el momento no hay ninguna organizada oficialmente a nivel nacional.

De esta forma, ya han arrancado movilizaciones en la frontera de España y Francia en Irún, mientras que mañana están convocadas cutaro tractoradas en Extremadura y hay fechas cerradas para concentraciones agrarias cerradas en el Levante y Valladolid para los próximos días.

«Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo», ha indicado Cano.

Por su parte, Barato ha reiterado el «rotundo rechazo» de Asaja a Mercosur «en su forma actual porque falta reciprocidad y supone competencia desleal». «Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro», ha recalcado.

Respecto a las cláusulas de salvaguardia que establece el acuerdo, el presidente de Asaja ha reiterado que «son imposibles de aplicar». «Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno», ha subrayado Barato, que ha recordado que se está «poniendo en peligro» sectores como la carne de vacuno, azúcar, cítricos, remolacha y arroz, entre otras.

Mientras que el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reiterado que el campo «no está en contra del comercio», pero sí del comercio «en condiciones» porque Mercosur supone «desigualdad» y una «competencia absolutamente desleal».

«Se está vendiendo al sector agrario por calderilla, nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea», ha reiterado, al tiempo que ha advertido que ya están desapareciendo produciones en España como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago.

De esta forma, los tractores regresarán a las calles de las ciudades españolas como ya se han visto el pasado año o en 2024, con protestas generalizadas para exigir medidas para paliar la crisis que vive el medio rural.

Cuestionadas por la posibilidad de unirse a las manifestación a nivel nacional que ha convocado Unión de Uniones para el próximo 11 de febrero, han mostrado su «respeto absoluto» a la convocatoria que apoyan, pero aseguran que no han recibido una invitación formal por el momento para unirse.

Respecto a las 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que el Gobierno analizará para que los jóvenes puedan adquirir esas tierras, Cano (UPA) se ha congratulado de la propuesta, pero ha precisado que «no» tienen más información de dónde estará, pero cree que va en «buena dirección». «El acceso a la tierra es un limitante de primer nivel, igual que reivindicamos un banco público de agua», ha indicado.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, intuye que ese plan «no irá a ningún sitio» si las fincas no son de regadío. En cuanto a reservar el 10 % de los fondos de la PAC para dedicarlos a relevo generacional en el campo, ha reclamado que «no sea a costa de quitárselo a los agricultores mayores» porque son los que «mantienen el sistema».