La PAC también apaga fuegos
Las ayudas europeas para desarrollo rural financian medidas de prevención de incendios forestales, cuya gestión e inversión dependen de las comunidades
Uno de los muchos incendios que han asolado el medio rural de la comunidad esta semana.
La Política Agraria Común (PAC) es conocida principalmente por las ayudas que reciben agricultores y ganaderos, pero también dispone de instrumentos destinados a la protección del medio natural y a la prevención de incendios forestales. En España, estas actuaciones se desarrollan a través del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2021-2027, que considera prioritaria la lucha contra el fuego debido a la elevada incidencia de este fenómeno en el territorio nacional.
Las medidas se financian dentro del desarrollo rural, el denominado segundo pilar de la PAC, orientado a impulsar actuaciones complementarias a la actividad agraria. Este apartado permite respaldar inversiones destinadas a mejorar la gestión forestal, reducir riesgos ambientales y reforzar la sostenibilidad de las zonas rurales.
La aplicación de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas, que tienen competencias en desarrollo rural. Por ello, los programas presentan diferencias según las características de cada territorio. Las actuaciones subvencionables y los requisitos para acceder a ellas pueden variar en función de la superficie forestal, el nivel de riesgo de incendios o las prioridades establecidas por cada administración.
El Pepac subraya que la prevención de daños forestales reviste una especial importancia en España. Por este motivo, todas las comunidades autónomas han incorporado esta intervención en sus programas, con la excepción del País Vasco. Según el documento, la menor incidencia de los incendios en esta comunidad permite atender estas necesidades mediante fondos propios al margen del plan estratégico nacional.
Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser titulares forestales públicos o privados, agrupaciones de propietarios y administraciones públicas. Entre las actuaciones financiables figuran trabajos de limpieza y mantenimiento de montes, tratamientos selvícolas preventivos, eliminación de biomasa acumulada, mejora de infraestructuras forestales o creación y conservación de cortafuegos.
Las condiciones de acceso también difieren según la comunidad autónoma. En algunos casos, los propietarios deben disponer de planes de gestión forestal o documentos equivalentes para optar a las subvenciones, especialmente cuando se trata de explotaciones de mayor tamaño.
La relevancia de estas medidas ha aumentado en los últimos años debido a los efectos del cambio climático. El incremento de las temperaturas y la prolongación de los periodos de sequía elevan el riesgo de grandes incendios forestales, lo que ha reforzado la necesidad de apostar por políticas preventivas además de las labores de extinción.
El desarrollo rural cuenta con una dotación cercana a los 1.000 millones de euros anuales dentro de la PAC española. Sin embargo, el futuro de esta financiación se encuentra abierto ante la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034. Bruselas plantea integrar los dos pilares de la PAC en un gran fondo.