El rechazo al reparto de la Junta de la ayuda a los fertizantes suma apoyos
Asaja acuerda recurrir la convocatoria de 30 millones de euros por excluir al maíz y perjudicar al regadío, mientras Ucale-Coag exige rectificar los criterios
La Junta directiva de Asaja se reunió este viernes.
La Junta Directiva de Asaja de León acordó este viernes por unanimidad recurrir por vía judicial las ayudas que prepara la Junta de Castilla y León para paliar el incremento del precio de los fertilizantes y solicitar su paralización cautelar. La organización agraria considera que las condiciones previstas por la Consejería de Agricultura perjudican especialmente a la provincia al dejar fuera al cultivo del maíz y establecer el mismo importe de subvención para el secano y el regadío. Además de acudir a los tribunales, los representantes de Asaja decidieron convocar movilizaciones para mostrar su rechazo a una convocatoria que consideran contraria a los intereses del campo leonés.
El acuerdo se adoptó en una reunión de la Junta Directiva convocada para analizar la propuesta autonómica y decidir las medidas que debía emprender la organización. Asaja sostiene que el borrador de la orden, dotada con 30 millones de euros, supone un importante agravio económico para León, tanto por la exclusión del maíz como por el tratamiento que se pretende dar a las explotaciones de regadío. La organización considera que no se pueden equiparar ambos sistemas productivos cuando los cultivos de regadío modernizado utilizan hasta cuatro veces más fertilizantes que los de secano.
La repercusión de esta decisión sería especialmente importante en León, donde el maíz es el cultivo mayoritario, con unas 75.000 hectáreas sembradas, y la superficie de regadío alcanza las 140.000 hectáreas. La provincia es, además, la principal productora de regadío de Castilla y León, por lo que Asaja entiende que los criterios planteados por la Consejería dejan en una situación de desventaja a una parte fundamental de su agricultura.
El secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, ya había advertido de que la organización pondría a sus servicios jurídicos a trabajar de inmediato para reclamar una medida cautelar que paralice el reparto de las ayudas hasta que se resuelva el conflicto en los tribunales. Turrado calificó la situación de «agravio económico de muchísimo dinero para la provincia de León» y cuestionó que la Consejería pueda establecer unos criterios que, a su juicio, perjudican a los productores leoneses.
El responsable agrario también puso como referencia las ayudas distribuidas por el Ministerio de Agricultura para compensar el encarecimiento de los fertilizantes. Castilla y León recibió por este concepto 115 millones de euros y, según recordó Asaja, el único cultivo excluido fue el barbecho. Además, el reparto estatal contempló una mayor cuantía para el regadío que para el secano, al contrario de lo que, según la información que maneja la organización, plantea ahora la Administración autonómica.
De los 30 millones de euros que contempla la futura convocatoria de la Junta, 20 millones corresponden a fondos propios de la Administración autonómica y los diez restantes proceden de la Unión Europea a través del Ministerio de Agricultura. Para Asaja, el origen de los fondos no justifica que se establezcan unos criterios que considera arbitrarios y contrarios a derecho. Por ello, el recurso judicial pretende evitar que las ayudas se distribuyan antes de que pueda resolverse la controversia.
A las críticas de Asaja se suma Ucale-Coag, que este viernes también manifestó su rechazo a las condiciones conocidas del futuro decreto u orden autonómica. La organización exige una rectificación inmediata para que los productores de maíz y las explotaciones de regadío puedan acogerse a la bonificación en igualdad de condiciones con el resto de los agricultores. Ucale-Coag recuerda que León encabeza la superficie y la producción de maíz y advierte de que miles de familias agricultoras soportan el incremento de los costes de producción, entre ellos los fertilizantes, la energía, el agua y los productos fitosanitarios.
Desde la ejecutiva provincial consideran incomprensible que una ayuda concebida para aliviar el encarecimiento de los insumos deje al margen a uno de los principales motores de la economía agraria leonesa. La organización reclama modificar las bases antes de que la convocatoria siga adelante y cuestiona que se pretenda apoyar la rentabilidad de las explotaciones y potenciar las zonas de regadío sin incluir al principal cultivo que hay en la provincia.