Autonomías: ¿ángeles o demonios?

Más de tres décadas después de la creación del Estado de las Autonomías, las dudas sobre su sostenibilidad, eficacia, coste y endeudamiento han abierto un debate en el que los dos principales partidos coinciden, con matices, en la existencia de duplicidades y disfunciones en el modelo, que abogan por solucionar.

La mecha la prendió el pasado día 14 el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien dijo que el Estado tal y como está configurado actualmente no es políticamente viable y es «financieramente absolutamente inviable».

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el modelo está en «vigor» y tiene «vitalidad», aunque es partidario de que las comunidades hagan un «esfuerzo conjunto y exigente» con el fin de gestionar los asuntos públicos «con la mayor austeridad y eficiencia posible».

Aunque algunos dirigentes del PP han apostado por la devolución de competencias al Estado, el líder del partido, Mariano Rajoy, ha rechazado tajantemente cualquier devolución de competencias, y lo que sí reclama es que controle el gasto.

En el debate abierto, las comunidades rechazan dar pasos atrás en la descentralización, que ligan al Estado del bienestar, aunque reconocen que existen desajustes en el modelo que están dispuestos a corregir.

El tema está sobre la mesa desde hace algunos meses. De hecho el Gobierno ya ha pedido un informe a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas que determine los solapamientos y duplicidades que existen en materia competencial.

Desde el Ejecutivo se reconocen dichas «distorsiones», pero se asegura que no va a suscitar ningún planteamiento «recentralizador o renacionalizador» de España.

Una idea que se repite desde el PSOE, que rechaza una revisión a la baja del modelo autonómico español, cuyo desarrollo considera un éxito de todos, pero defiende la necesidad de ajustes para ser «más eficientes».

Algunas comunidades ya han empezado a «adelgazar» sus estructuras con la reducción de consejerías, mientras otras meterán la tijera en aspectos polémicos como las televisiones autonómicas o las embajadas de las regiones en el exterior.

Autonomías, la deuda crece

La deuda regional es uno de los aspectos que más alimenta los reproches a un nivel de la Administración que muchos ven como responsable, en parte, de la crisis económica que vive España.

A finales del pasado mes de noviembre, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que dos comunidades (Castilla-La Mancha y Murcia) presentaban un riesgo significativo de no cumplir con el objetivo de déficit para el 2010, por lo que tendrían que adoptar medidas de importante calado.

El resto también ha tenido que apretarse el cinturón para cumplir los objetivos de déficit aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En una reciente entrevista en el Financial Times, Zapatero avisó a las comunidades de que si no cumplían con el control de gasto público «actuará el Gobierno».

Horas después, Cataluña anunció que tenía un déficit superior al que oficialmente se había reconocido por el anterior Tripartito y que las necesidades de caja, de financiación y de refinanciación son urgentes.

El Ejecutivo respondió a Cataluña que si supera el objetivo de déficit, «como parece que va a ser», se le limitarán las emisiones de deuda y lo primero que tendrá que hacer es presentar un plan de reequilibrio que deberá ser aceptado por la Administración General del Estado.

La deuda de las autonomías representa el 10,2 por ciento del PIB, mientras que la de la Administración central es el 44,1 por ciento y la de los ayuntamientos, el 3,4 por ciento.

En el tercer trimestre del año pasado la deuda de la Administración central aumentó respecto al mismo periodo de 2009 un 14,9 por ciento, mientras que la autonómica creció un 27,3 por ciento, casi el doble, hasta alcanzar los 107.624 millones de euros.