los límites de la constitución

La posible vulneración de los derechos fundamentales es otro de los peligros de los que alertan algunos juristas, hasta el punto de que el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez cree que la reforma anunciada es una «involución absoluta» y una «regresión» a una situación «preconstitucional». Una involución que no es imputable al Gobierno del PP, según el abogado García-Castaño, que recuerda que el Código Penal de 1995 se ha reformado más de veinte veces desde su aprobación, lo que demuestra que la sociedad española «desgraciadamente solo conoce la amenaza penal como medio de resolución de conflictos».

También el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá de Henares Pablo Santolaya, sin querer profundizar hasta que se aclare el contenido de la reforma, apunta que penalizar toda difusión de una convocatoria de una manifestación sería contrario a la Constitución y a los convenios de Derechos Humanos.

Santolaya recuerda, además, que la convocatoria de manifestaciones violentas ya se castiga actualmente, por lo que la reforma sería inútil y superflua.