Diario de León
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Para prestar todos los servicios, las autonomías cuentan con un sistema de financiación propio, acordado en las Cortes Generales tras su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y cuya última revisión se realizó en el 2009.

Existen dos modelos de financiación autonómica: la común y la foral. Esta última solo para Navarra y País Vasco, que recaudan directamente los impuestos y tienen capacidad normativa sobre ellos, aunque acuerdan luego con el Gobierno central la cantidad que deben aportar a las arcas estatales por los servicios que no prestan, como la Defensa y la política exterior.

Las otras 15 comunidades se financian a través del régimen común, pero en el caso de Canarias se complementa con un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.

El régimen común se base en los tributos cedidos por el Estado (como el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los especiales), impuestos propios y diversos fondos (competitividad, garantía de servicios públicos fundamentales, de convergencia, suficiencia global y cooperación), así como del fondo de compensación interterritorial para las autonomías con menor renta.

Las comunidades autónomas gestionan un presupuesto conjunto anual de unos 180.000 millones de euros, que se ha rebajado progresivamente en los últimos años debido a la crisis.

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