El gobierno prepara el cartel de ‘se vende’

El Gobierno ha colgado el cartel de ‘se vende’ sobre el sector público español. Aunque por ahora lo ha hecho de una manera difusa, como quien desliza de forma interesada a un amigo que está pensando en vender el piso o negocio para tantear el clima del mercado antes de decidir realmente qué hacer con él:alquilarlo, traspasarlo o dejarlo como está.

Todavía —no se sabe por cuánto tiempo más si no aflojan las presiones exteriores— no tiene las urgencias de los vecinos irlandeses, portugueses o griegos que se han visto obligados a vender a la carrera, sin margen para la negociación y agobiados por sus acreedores. Eso sí, ha querido que los inversores sepan que España quiere vender, pero también que va a hacer todo lo posible por arbitrar ese proceso, de manera que no tenga que desprenderse de activos a precio casi de saldo.

No lo va a tener fácil. El mercado sabe que los Estados europeos que han ofrecido sus empresas, participaciones en compañías u otros activos en los últimos tiempos lo han hecho obligados por Bruselas, por lo que adivinan la necesidad en la mirada del vendedor. Además, la valoración de los activos públicos españoles no ha permanecido ajena a las turbulencias que han azotado su economía y que, según coinciden distintas firmas de inversión, «han tenido un impacto negativo sobre los precios que los compradores están dispuestos a pagar».

El Ejecutivo anterior pudo comprobarlo durante el proceso de colocación en Bolsa del 30% de la última ‘joya’ de la Corona, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, la entidad española que ha arrojado beneficios durante un mayor periodo de tiempo. Una operación que los analistas habían catalogado como «buena para los inversores y mala para el Estado» por el volumen de ingresos que dicho juego de azar genera a las arcas públicas todos los años, pero que fue incapaz de concitar el interés suficiente para cubrir el nivel mínimo de ingresos fijado como aceptable por el Gobierno, lo que obligó a suspenderla.

No fue un hecho aislado. Algo similar le ocurrió al Ministerio de Fomento con las fallidas concesiones a operadores privados de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat y a la Sepi en la venta, finalmente suspendida, de las participaciones del Estado en International Airlines (el grupo surgido de la fusión de Iberia y British Airways), Red Eléctrica y Ebro Puleva. En total, 16.000 millones de euros esperados, pero que no llegaron.

«Eso no quiere decir que no haya mercado», aclara José Luis Zamarro, de Clifford Chance, una de las firmas más prestigiosas y con más experiencia en la gestión de procesos de privatización del mundo. «Hay mucho inversor que está analizando posibilidades para invertir en España —explica—.

El tema clave, como siempre, es el precio, porque la situación en España hace que cualquier inversión se revise con más cautela».

Nuevo paradigma

Esto supone un cambio de paradigma respecto a anteriores procesos privatizadores. Cuando en los años 80, en plena transición de una economía estatalizada a otra de mercado, el Gobierno socialista abrió a los inversores privados la cartera industrial del Estado, aquellos acudieron a la puja atraídos por un mercado de 40 millones de consumidores que hasta entonces había permanecido cerrado a cal y canto. Así fue como Seat acabó en manos de Volkswagen y Enasa-Pegaso absorbida por Fiat.

En los 90, Aznar abordó la privatización de empresas estratégicas, como Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria, Gas Natural, Tabacalera, con la doble intención de obtener recursos que permitieran cumplir los objetivos de Maastricht y preservar la españolidad del tejido empresarial estratégico. Los casi 30.000 millones de euros ingresados indican que no hubo demasiados problemas para ‘levantar’ capital y del proceso salió, asimismo, un núcleo duro de empresas españolas que hoy se han convertido en potentes multinacionales como Telefónica, Repsol, Gas Natural o BBVA, aunque para ello se tuvieran que forzar las costuras del corpus legislativo europeo con un instrumento, la acción de oro ( golden share ), que permitió al Gobierno vetar las ofertas que no le interesaran y que terminó siendo eliminado por mandato de Bruselas.

Desde los 80, el Estado español ha privatizado 120 compañías generando unos ingresos de casi 45.000 millones de euros. Ysi contamos solo desde 1996 (con la llegada de Aznar) hasta ahora, ronda los 34.000

El reto de vender bien Ahora, con una economía tan abierta como cualquier otro país desarrollado y menos empresas que ofrecer a los inversores, Mariano Rajoy afronta el reto de exprimir los rescoldos del sector público empresarial o ensayar las concesiones al sector privado de gestiones hasta ahora rabiosamente públicas para aliviar el déficit y aligerar la cada vez más asfixiante carga de la deuda. Y debe hacerlo en el peor momento económico posible.