La contaminación, nueva vía de ingresos

Hacer negocio con el medio ambiente. Dicho así, parece rechazable, aún en tiempos de crisis, aunque tiene una explicación. Desde el próximo 1 de enero se modifica el esquema actual de comercio de derechos de emisión de gastes contaminantes (CO2), de modo que desaparecerán los actuales Planes Nacionales de Asignación (PNA) y, en su lugar, se fijará un ‘cap (tope)’ a nivel europeo (establecido en 1.720 millones de derechos) que se repartirá entre los distintos sectores, «siguiendo criterios de eficiencia en los procesos».

Así, al menos, reza en la directiva europea que regulará el nuevo sistema de subastas. Y es en este nuevo marco de juego donde los países de la UE con niveles de déficit y deuda soberana más altos pueden hallar una nueva vía de ingresos nada despreciable. El grueso de las asignaciones gratuitas que las empresas afectadas por el Protocolo de Kioto han venido recibiendo desde principios del 2005 —cuando empezó a funcionar en toda la Unión el modelo de comercio de derechos aún vigente—, que en algunos sectores alcanzaban el 90%, acabará este mes de diciembre

A partir de ahora habrá un sistema de subastas centralizado para todos los Estados miembros —salvo Alemania, Reino Unido y Polonia—, que en el 2013 sacará al mercado 1.000 millones de títulos (cada uno equivalente a una tonelada de CO2), la mitad de las asignaciones totales del año para todo el territorio comunitario —el resto se mantendrán como gratuitas para los sectores en peligro de deslocalización—. A España le corresponderán 100 millones de títulos y, en teoría (al igual que el resto de socios europeos), debería destinar, al menos, el 50% de los ingresos derivados de su venta a «políticas de cambio climático, incluida la cooperación internacional en este ámbito, y en especial en la reducción de emisiones de los sectores difusos», es decir, aquellos que están exentos del sistema como el residencial, el transporte o la agricultura.

Las grandes eléctricas lo han aprovechado para reclamar que parte del dinero se destine a pagar las primas millonarias de las energías renovables, que suponen más de un tercio de los costes de la tarifa de acceso a las redes eléctricas (peajes) y, por tanto, ayudaría a aliviar las próximas subidas del recibo de la luz. No obstante, la Comisión (CE) solo recomienda darles ese uso, no obliga, un matiz importante cuando las cuentas públicas están pobladas de números rojos en buena parte de la Unión.

Hagamos entonces números: si el precio por tonelada de CO2 alcanza los 15-18 euros que prevén los expertos, el Estado podría recaudar en torno a 1.500 millones de euros el próximo año... si completa todas las subastas. Yes que eso no ocurrió en el pasado, aunque ahora (con el nuevo modelo), además de alargar el período de asignación de derechos a ocho años (2013-2020), se incluyen nuevos sectores (química y producción de aluminio, entre ellos) y gases (óxido nitroso y perfluorocarbonos). Por tanto, más opciones de negocio.

Mayor demanda

Solo la aviación civil, por ejemplo, deberá adquirir más de 30 millones de toneladas en 2013, que le costarían 450 millones de euros, casi un tercio de la recaudación total estimada. Además, se prevé que con el fin de la asignación gratuita aumentará la demanda y, con ello, los precios de venta de derechos. Este año, España ya subastó 10 millones de títulos, por los que prevé recaudar entre 70 y 80 millones de euros. España también ha tenido que rascarse el bolsillo para cumplir con Kioto. Comprar a Polonia los casi 100 millones de títulos que le faltaban le ha costado 40 millones de euros, si bien es un precio claramente inferior al de mercado que sitúa el importe anual en esta materia en 810 millones. Sus emisiones de CO2 suponen el 1% del total mundial.

Un 0,73% del gasto público o, más concretamente, 4.114 millones de dólares. Esa es la suma que España dejará de invertir en la lucha contra el cambio climático —fundamentalmente, contra las emisiones de CO2— entre el presente ejercicio y el 2016.