Villahierro: la vida en una ruleta rusa

Tienen todo en contra. Son el eslabón más débil de un sistema que no muestra lo que de verdad ocurre en lugares del mundo que, aunque estén entre nosotros, no se ven, que apenas aparecen en la conciencia de la opinión pública a no ser por el ingreso de un preso mediático o, como en este caso, por el asesinato de una trabajadora a manos de un recluso en Tarragona. 

Y, sin embargo, el día a día en las prisiones españolas dista mucho de ser lo que cuentan o, mejor, lo que mantienen velado, ensombreciendo con ello la labor de los profesionales que trabajan en ellas. Y es que el mundo que se abre cuando se cierran las puertas de Mansilla de las Mulas sigue un curso paralelo al que se queda fuera de las rejas: casi nunca se rozan y eso a pesar de que lo que ocurre tras ellas influye en la sociedad mucho más de lo que la mayoría imagina. 

Las razones son muchas pero se podrían resumir en dos. Una de ellas, a decir de los funcionarios, es el 'buenismo', un sistema de pensamiento que hace responsable a la sociedad de la criminalidad y que, por lo tanto, convierte al condenado en víctima. El otro sería la desconexión que existe entre lo que acontece en las cárceles y quienes toman las decisiones. «No entendemos cómo hay gente que dirige centros penitenciarios sin saber lo que es un patio de la cárcel. Necesitan saber cuál es el día a día para gestionar un mundo que cada vez es más complicado», destacan los representantes de Acaip en León. Sostienen, por ejemplo, que la política de respuesta penitenciaria se ha quedado en nada porque el sistema niega la peligrosidad del interno, una amenaza que está contrastada tanto por los delitos cometidos como por el comportamiento del reo en la cárcel. «A esto se añade la falta de respeto hacia los funcionarios, conducta que se refleja en decisiones que nos ponen en peligro», lamenta Miguel Ángel Ll. O., que certifica que el asesinato de la cocinera de Tarragona podría haberse evitado. «Ella había pedido que al interno —un hombre condenado por asesinato y que, sin embargo, trabajaba junto a ella con todos los cuchillos a su alcance— se le diera otro destino fuera de la cocina, pero se decidió que volviera para garantizar su bienestar psicológico», destaca.

Añaden que en León tuvo lugar un caso parecido con un condenado por violación que intentó cortar el cuello a un funcionario. «El juez de vigilancia penitenciaria dijo que se le suministrara un tratamiento psiquiátrico pero al llegar a Villahierro, le fue retirado y se produjo la agresión».

Los grados de los presos «Hay presos de primer grado camuflados en el segundo», destacan los representantes de Acaip, que aseguran que es una manera de mostrar que la reeducación y reinserción funcionan

La cárcel de Mansilla ha sido escenario en los últimos nueve años de 33 ataques físicos de presos a funcionarios, un número que se queda corto ante la realidad porque, según los representantes sindicales, la violencia forma parte de la normalidad. «En muchas ocasiones son físicas, pero todos los días sufrimos insultos y amenazas, amenazas que también tocan a tu familia», destaca Félix A. F., que añade que el problema al que se enfrentan es que no están «ni reconocidos, ni retribuidos ni guarecidos». «Te conocen y, cuando salen de la cárcel, les ves por la calle después de que te hayan amenazado».

Según los datos proporcionados por el sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, Acaip, Villahierro cuenta en la actualidad con 840 internos, de los que 40 están en primer grado — de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada— por lo que están albergados en el módulo de aislamiento y en el once, 728 han pasado al segundo grado y 72 ya disfrutan del tercero. Sin embargo, en este ámbito las cifras no son significativas si no se ponen en relación a las circunstancias que se desenvuelven tras cruzar la rotonda de la cárcel. Hay varias y tienen diferentes sintagmas. Uno de ellos es que en Mansilla están recluidos alrededor de 50 internos incluidos en el fichero Fíes —fichero de internos de especial seguimiento—. Estos presos se caracterizan por ser especialmente conflictivos y peligroso y por haber protagonizado alteraciones regimentales muy graves dentro de la prisión o en los traslados, poniendo en peligro la vida o integridad de funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la institución. Es decir, en la cárcel de León conviven un centenar de internos peligrosos. Pero, además, otros 225, que residen en módulos ordinarios, también desarrollan conductas conflictivas por su reitgerada inadaptación al medio penitenciario. A éstos hay que sumar al menos cinco condenados con la prisión permanente revisable. «Las cifras no son del todo ciertas porque hay muchos presos de primer grado camuflados en el segundo», destacan los representantes de Acaip, que consideran que el tratamiento penitenciario debe ser individualizado y no servir para las estadísticas. «No les gusta que alguien salga a la calle sin haber pasado por el tercer grado», desvelan, y recuerdan que esta política da lugar a fallos que en ocasiones resultan mortales, como el del pederasta Francisco Javier Almeida, que en una salida de tercer grado violó y asesinó en La Rioja a Álex, un niño de nueve años.

Amenazas«La política de respuesta penitenciaria se ha quedado en nada porque el sistema niega la peligrosidad del interno, una amenaza contrastada tanto por los delitos cometidos como por el comportamiento del reo»

Además, Acaip lamenta que incluso en la escuela penitenciaria de Cuenca tratan de inculcar a los nuevos alumnos desprecio hacia sus futuros compañeros funcionarios. «No es la primera vez que nos cuentan que en las charlas les aseguran que se van a encontrar con vagos, gente que se duerme en el trabajo, incluso con borrachos. Y se refieren a nosotros, no a los internos», detalla Miguel Ángel, que añade que hace dos años uno de los exámenes prácticos de las oposiciones preguntaba a los concurrentes por los funcionarios que introducían droga en la cárcel. «Siempre somos sospechosos, incluso cuando nos agreden». Aseguran que se han dado casos de paralización del protocolo de actuación frente a las agresiones con el fin de que no computen en los datos oficiales. «Incluso nos abren inspecciones cuando, tras un incendio en las celdas, los internos nos denuncian por no salvaguardar su integridad».

En la cárcel de Villahierro se producen una media de doce fuegos provocados al año, una situación en la que los funcionarios arriesgan su vida no solo por el propio incendio sino porque desconocen cuáles son las verdaderas intenciones del preso que los han provocado. «Hay carencia de psiquiatras, de médicos, de trabajadores sociales», un extremo que lleva a que cuando el doctor prescribe los medicamentos se vea obligado a firmar para varios días lo que provoca que se trapicheé con ellas o que se produzcan intoxicaciones por una ingesta abusiva. «Además, en León no se invierte nada en seguridad», denuncian.

—¿En qué puede acabar una agresión para el interno?

—En una privación de paseos, aunque a la piscina pueden seguir acudiendo porque se trata de una actividad.