HISTORIA
Los expedientes que cuentan los robos de Franco
Miles de páginas proyectan la historia de los leoneses cuyas vidas y haciendas fueron rastreadas por la Comisión de Incautaciones creada en León en 1937, un año después del golpe. Este entidad arrebató los bienes a centenares de personas que el régimen consideraba afectas a la República. Estas son algunas de sus historias

José María Vara Calzada, el hijo de uno de los represaliados.
Son 742 cajas, miles de archivos de leoneses cuyas propiedades fueron confiscados entre 1937 y 1940 por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes. Creada en León el 29 de enero de 1937, se convirtió en una apisonadora con la que confiscar las haciendas de los sospechosos de ser afines a la República.
Cada una de las fichas muestra los desvelos del régimen para encontrar las propiedades —inmuebles, acciones, cuentas bancarias, objetos de valor, obras de arte o fincas rurales— de los detenidos, fusilados y de sus familias. Un estudio del Banco de España elaborado en 1938 hacía constar que el bando franquista requisó un total de 35 millones de pesetas al republicano, lo que ascendería hoy a unos 3.022.496.400 euros.
En los expedientes, hallados en los sótanos de los Juzgados, hay cientos de nombres propios. Con algunos de ellos se ha escrito la pequeña memoria de la provincia, mientras que otros, la mayoría, fueron desahuciados y sus vidas, enterradas en el sótano de la historia. Justo Fernández, Gregorio Fernández, Guillermo Guerrero, Manuel Soto, Ramón Aldeiturriaga, Avelino Fernández Álvarez o Antonia Soto se mezclan en los documentos con Miguel Castaño, José Vela Zanneti, Emilio Salgado, Félix Gordón Ordás o Eduardo Pallarés Berjón. Así hasta superar la barrera de los tres mil, hombres, mujeres y niños que fueron desposeídos de sus bienes antes, después o durante los juicios que arrebataban vida y libertad.

Félix Gordón Ordás junto a José Vela Zannetti
La rapidez con la que el golpe triunfó en León desató una represión que buscaba generar terror entre el ejército republicano que resistía en la cordillera y, al tiempo, suplir de fondos a la retaguardia.
Por ello, una de las condiciones que se puso a todas las familias de los detenidos era el pago de una cantidad, por lo general 10.000 pesetas, para garantizar su vida. La mayoría de las ocasiones, no se cumplía. Unos meses más tarde, se rubricaba la creación de la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados por el Estado de España que alumbraba la Comisión que se encargaría de incautar los bienes muebles o inmuebles de las organizaciones de todo tipo y personas que, por acción u omisión, no hubieran apoyado a los sublevados. Los generales jefes de los Ejércitos de operaciones o los de columna o unidad a quienes estos hayan dado instrucciones al efecto ejercieron medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación se hubieran opuesto «al triunfo del movimiento nacional».

Página de uno de los expedientes sobre el prostíbulo de la Legión Cóndor
Fue el caso de Juan Monge Zapico, patriarca de una de las familias que con más virulencia sufrió la guerra, es un ejemplo. Según destaca Víctor del Reguero en su biografía Teresa Monge, una revelación femenina en León, había adquirido por 15.000 pesetas una casa en la calle Misericordia, cuesta de los Castañones y Santa Cruz, donde instaló su taller de carpintería que le fue confiscada en la guerra y nunca recuperó.
Uno de los papeles del expediente muestra la diferencia entre los ingresos y los gastos de los bienes de Juan Monge. Entre ellos destaca la renta de la casa que le fue incautada (70 pesetas) o los 340 euros recaudados tras la venta de sus muebles, que fueron llevados al cuartel general del general Aranda. No se sabe muy bien cómo pero los gastos siempre eran superiores. Así, todos los recibos de luz de la escalera, el agua, la contribución o el pago del alquiler del almacén superaban los ingresos.

Imagen de uno de los archivos sobre Félix Gordón Ordás.
El piso de éste fue solicitado por un tal Narciso Caballero Mier, cuyo arrendamiento fue aprobado «en condiciones ventajosas» el 7 de mayo de 1937. Además, el Arma de Aviación recibió en el mes de septiembre un conjunto de bienes del padre de Teresa Monge que fueron valorados en 2.963 pesetas. Todo ello no fue óbice para que se le requiriera el 17 de agosto de ese mismo año el pago de 50.000 pesetas. El Juzgado le declaraba «en ignorado paradero» al igual que a su hija Teresa, a la que se le exigía el pago de 5.000 pesetas. Este extremo resulta especialmente inhumano por cuanto que Teresa Monge había sido fusilada un año antes.

Miguel Castaño Quiñones con su familia pocos días antes del golpe.
Los documentos que el Archivo ya ha digitalizado y están a punto de poder consultarse online muestran todas las cuentas e investigaciones que los funcionarios encomendados de este trabajo (el gobernador civil Carlos Rodríguez de Rivera, el magistrado de la Audiencia Provincial Teodosio Garrachón Castrillo y el abogado del Estado Joaquín Albi Alguero) realizaban sobre cada uno de los encausados.
La obra de Víctor del Reguero y Wenceslao Fernández Oblanca La guerra civil en León, publicada por Piélago del Moro, explica cómo los expedientes se iniciaban con una propuesta razonada de la autoridad militar, la instrucción del juez Enrique Iglesias Gómez, y de las pruebas sobre el encartado (informes de autoridades locales, Guardia Civil, Falange y tres personas de reconocida solvencia) para superada esa fase, remitir el expediente a la autoridad militar que la elevaría a su vez al general de la 8ª División cuya resolución sería ejecutoria.

Documento del expediente de Justino de Azcárate.
Todos los bienes de Eduardo Pallarés Berjón, farmacéutico y, hasta el comienzo de la guerra, director del Laboratorio municipal, constan de manera minuciosa en el «dossier» que le fabricó el régimen. Depurado y detenido por afín a la República, se inició contra él un expediente con el fin de registrar los bienes que podrían ser objeto de confiscación. Preso en San Marcos, fue condenado a seis años de prisión en un consejo de guerra por «provocación a la rebelión». Cumplió condena hasta el 8 de septiembre de 1940, cuando fue puesto en libertad en la prisión provincial de León tras acreditar el director «su comportamiento inmejorable en este establecimiento» en el que trabajó de practicante. La ficha, que acabó sin responsabilidad criminal, se cerró con una multa de 10.000 pesetas, cantidad que siempre se exigía a la familia de los detenidos con el fin de ser liberados, si bien en muchas ocasiones no ocurría así. El gobernador civil nombró a su hermano Ricardo secretario de la causa y, entre otras cosas, los documentos reflejan la propiedad de un laboratorio en la ciudad, dos fincas «todo lo cual ha sido embargado» y cuentas bancarias con 3.454,65 pesetas, además de un depósito constituido por 146 acciones de la SA Comercial Industrial Pallarés por un importe de 73.000 pesetas. La Comisión realizó un estudio de todos y cada uno de los productos que obraban en la farmacia de su propiedad, cuya suma ascendía a 17.767,35 pesetas.

Imagen de los primeros represaliados que fueron investigados por la Comisión de Incautaciones.
La Vecilla fue uno de los partidos judiciales donde más trabajó la Comisión de incautación de bienes. De hecho, hay numerosos expedientes abiertos contra sus vecinos. Allí, el 60% de las víctimas que sufrieron represión extrajudicial o que fueron condenados en consejo de guerra a muerte o a penas de prisión, sufrieron expedientes de incautación de bienes y en la mayoría de las ocasiones se extendía a las viudas y huérfanos de los ajusticiados. Es el caso de Ángela Cañón Cañón y sus tres hijas: Amelia, Ana y María Álvarez Cañón. Vecinas de Casares, el comandante de La Vecilla traslada que las cuatro son «de mala conducta» tienen antecedentes «en todos los aspectos». «No se les conoce necesidades familiares, ya que todas son solteras a excepción de la madre, que es viuda. Eran de izquierdas y en el aspecto moral, de pésima conducta». El expediente confirma que poseen fincas rústicas y urbanas por un valor de 25.000 pesetas, seis vacas de leche, valoradas en 5.000 pesetas, y una cartilla de una caja de ahorros en la que se dice tienen 8.000 pesetas.

Ficha de la incautación a Eduardo Pallarés Berjón.
La Comisión no confiscaba solo los bienes de los encausados. También lo hizo a la Legión Cóndor. Los militares nazis utilizaban un chalet en la calle de Primo de Rivera esquina con Juan de Badajoz como prostíbulo. Este inmueble había sido incautado en 1937, apenas echaba a andar la comisión Provincial de incautación de Bienes, a Eusebio González Orejas con el fin de satisfacer los instintos de dominación sexual de los alemanes. Para ello, el gobernador civil de León firmó la orden de apertura y como justificación se aseguró que el burdel era «necesario para sus servicios». Como responsable se contrató a una conocida en el submundo, una portuguesa de 30 años llamada Manuela Iglesias Palmeiro y conocida en el ambiente como «La Amparo». Los documentos revelan que en el chalet hubo no menos de siete mujeres al mismo tiempo. Y la situación jerárquica de los militares nazis así como la imposibilidad de comunicarse con las jóvenes arroja la certeza de los abusos que tuvieron que sufrir. La connivencia de las autoridades franquistas con el burdel queda claro por la ausencia de restricciones que tenía frente a las que sí se imponían al resto de la población. De hecho, la vida en aquel lugar se prolongaba hasta altas horas de la madrugada y fue así que surgió el

Imagen de Justino de Azcárate.
escándalo que provocó su cierre. Todo ello se describe con todo lujo de detalles en la obra de investigación de Fernández Oblanca y Del Reguero. Pues bien, una hoja suelta en el archivo de diligencias en expedientes de incautación de bienes explica que al reintegrarse al administrador la casa-chalet que durante algún tiempo ocupó la Legión Cóndor «teniendo instalada en ella, al parecer, una casa de lenocinio» informan los agentes judiciales que faltan algunos de los efectos que existían cuando se hizo la entrega y hay, en cambio, otros y ropas ajenas. «Ruégale disponga la comparecencia en dicha casa el próximo día 15 a las 16.00 horas de un representante que pueda intervenir en la entrega que ha de hacerse al administrador-depositario». Uno de los documentos atestigua que a los capitanes nazis no les gustó demasiado que se precintara el local y se quejaban por no conocer «la noticia de la orden por la que cesaba el disfrute del referido inmueble». Para curarse en salud, la carta recordaba que la orden de hacer entrega del chalet a la Legión Cóndor fue dada por el coronel jefe accidental de la División 81ª en oficio número 8722, del Negociado 3º.
Miguel Castaño y Orestes Vara
El alcalde Miguel Castaño y el cartero Orestes Vara no sabían que sus vidas estarían unidas por la misma condena a muerte. Caronte les acogió en su último paseo un 20 de noviembre de 1936. Su pena había sido firmada y conmutada, pero quiso el destino que coincidiera con el asesinato de José Antonio Primo de Rivera. Recordaba el hijo de Orestes que la noticia de que a su padre le mataban llegó a las cinco de la mañana, que su madre enfiló desde su casa de Nava el paseo hasta la cárcel del Castillo con ocho de sus nueve hijos —al pequeño, un bebé, le dejó con una vecina— para que vieran a su padre por última vez, que su madre al regresar intentó suicidarse con un hacha, que el hambre se convirtió en el alimento del duelo, que les quitaron la pensión de orfandad... Un año después del fusilamiento de su padre, la comisión de Incautaciones abrió la ficha de Orestes Vara Lafuente, al que se hizo responsable civil al pago de 250 pesetas. Sin embargo, el mismo juzgado traslada que el estado de insolvencia de la familia hace improbable el pago a no ser que mejore su fortuna o que, transcurrido el plazo de 15 años, prescriba. «Yo he comido más hierba que los caballos», rememoraba José María, el hijo del finado a este periódico poco antes de morir.
El expediente de Miguel Castaño es bastante similar. La entidad responsable de realizar las incautaciones destacaba en 1937 que no se le conocían más bienes que 140,75 pesetas de saldo de una libreta de ahorros. «Casado, deja algunos hijos», seguía la ficha elaborada por los funcionarios, que añadían que constaba una cuenta corriente cuyo saldo es de 27,35 pesetas.
La responsabilidad civil del que fuera presidente del Gobierno, Félix Gordón Ordás, fue «inaugurado» el 18 de mayo de 1937, con él en el exilio. La comisión del Juzgado dictaba el embargo en la cuarta parte indivisa de las casas del número 22 y 26 de la calle Puertamoneda, donde había nacido el también embajador en México. «Tasada dicha participación en 17.500 pesetas», la vivienda sería demolida por el Ayuntamiento de León en 2016. Nicostrato Vela y su hijo, José Vela Zannetti formaron parte de sendas investigaciones resultado de las cuales se confiscó un coche, un Ford matrícula LE. número 2.018 propiedad del padre que fue trasladado al Parque Militar. Con posterioridad, y según destacaba el secretario, el vehículo se llevó al chatarrero «sin que conste que posea ninguna otra clase de bienes». En el caso del artista, había salido de España antes del golpe de Estado, por lo que no pudo ser detenido. Los instructores de su caso certificaban que se encontraba huido. «En el mes de junio del pasado año se dijo que había ido a Lisboa pensionado por la Diputación para ampliar estudios de pintura, aunque es casi seguro que llevase misiones distintas y preparatorias de la revolución marxista que había de estallar poco después de aquella fecha. Desde Lisboa y en los primeros tiempos de la Guerra de Salvación , se cree que pasó a Madrid; no obstante se le atribuye el haber sido uno de los que colocaron bombas en Radio Club Portugués y otros lugares de Parede y Lisboa».
A este expolio había que unir también el del llamado «dinero rojo», con el que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil. Su «legalidad» estaba amparada por un decreto que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearlo por billetes válidos. En la mayoría de casos, nunca se devolvió. Por lo general, eran las fuerzas del orden las que llamaban a las puertas de las casas para exigirlo, bajo amenaza de cárcel o de indagaciones de contenido político, y en otras se hacía un llamamiento a la población, a través de ayuntamientos u otras administraciones, para que lo entregaran. En los pueblos resultaban mucho más sencillos los decomisos por el simple hecho de que todos se conocían y las rencillas servían de caldo gordo para vengar viejas afrentas o simples envidias. Un niño de 15 años, hijo de Ignacio González y de Francisca Alonso, labrador y vecino de Lillo y natural de Solle fue procesado por un delito de dejar entrar a varios rojos en su casa sin dar cuenta de ello a las autoridades e ingresó en el club de los expoliados.
María Álvarez, cuyo marido, Salvador Soto Castro, luchaba «en el campo rojo» exponía ante el juez que tenía hijos menores y que, tras serle incautados sus bienes, sólo disponía de la posibilidad de recoger los frutos de su cosecha, para lo que había recibido el visto bueno del juez municipal de Armunia. Sin embargo, denunciaba que el alcalde de dicho ayuntamiento se lo había prohibido porque «le pertenecían a él». Recalcaba que era la única manera de dar sustento a su familia.
Y en el documento sobre Justino de Azcárate se recomendaba averiguar quién había sido el funcionario que el 19 de julio y por orden del gobernador acudió a Villimer (la residencia de verano de la familia) para participarle que se requería su presencia en Madrid...