Los barrotes invisibles: así es la realidad de los centros de menores en León

M, catorce años, dormía en un sofá debajo de uno de los puentes del río. Toda la vida solo, entraba y salía de un centro de acogida, sin padres o al menos sin padres que cumplieran sus obligaciones paternas. Con hermanos, también en residencias infantiles. Antes se les decía hospicios. Hoy queda feo usar determinadas palabras. No le gustan a la administración, que prefiere poner perífrasis para circunvalar la existencia de lo que nunca dejarán de ser orfanatos. M. rara vez iba al colegio. Se escapaba, volvía al centro de menores y así en un bucle que se rompió al cumplir los 14. Entonces, ya no volvió y fue «adoptado» por un niño más pequeño que él con el que dormía junto al río. Pero sus despertares no lo eran tanto. La miseria se arropa con la calidez de narcóticos que le devolvían a una nueva espiral y la pequeña delincuencia se convierte en rutina para ser capaz de olvidar, de dormir... Un día, después de siete u ocho infracciones, llega un poco más lejos y su caso acaba en la Fiscalía de Menores por robo con fuerza y violencia...

La Junta de Castilla y León tiene 422 menores tutelados, de los que 183.166 están en acogimiento familiar. Dispone de dos centros de protección a la infancia propios: la residencia juvenil Suero de Quiñones, con 32 plazas y el Centro de acogida El Alba-Santa María, con doce. La Consejería de Familia concierta también 16 espacios en toda la provincia, desde hogares de acogida, viviendas hogares y residencias para la socialización con un total de 129 plazas más. Durante 2024, la administración gestionó 440 casos con 102 expedientes abiertos, 114 cerrados y siete expedientes reabiertos. Además, la Junta tramitó 17 actuaciones para mayores de 18 años en 2023. M. fue uno de los niños cuyas vidas se levantan con el pegamento de las carencias afectivas, sociales o económicas... Hay niños que son carne de cañón. «Es un chaval tranquilo, obediente, que no genera problemas y que se autodefine como perezoso y buena persona». Así que el fiscal trata de ordenar y proteger su vida. Pide una cautelar y la juez acuerda su internamiento en el centro Zambrana en régimen semiabierto. «Eres un buen chico y ahora tienes una oportunidad. Si cumples, luego pasarás a un centro abierto y podrás estudiar. Aprovecha esta oportunidad»... La Fiscalía de menores es la responsable de conjugar los últimos resquicios de suerte de las vidas noveladas por Gilbert Cesbron y tiene para ello la superior vigilancia y control de las instituciones de Protección de Menores. De hecho, el 95% de su labor está destinada a la reforma de infractores por lo que los fiscales tienen prerrogativas para decidir y, en menores de 18 años, es el responsable de la instrucción. «Puedes desistir de incoar expediente, tomar medidas extrajudiciales, encomendar un trabajo de reflexión a través de prestaciones sociales y ordenar conciliaciones con las víctimas», subraya Avelino Fierro, para quien lo importante con estos niños siempre es el ojo clínico del profesional. De hecho, como lo que siempre hay que valorar es el interés del menor y su resocialización, hay ocasiones en las que a un hecho grave se le ponen medidas leves. Para lograrlo, Fierro enumera los encuentros con el equipo técnico, que realiza un examen de la situación psicológica y social del menor, si bien uno de los escollos es que en Castilla y León no hay centros específicos donde los menores reciban tratamiento terapéutico por lo que son los especialistas psiquiátricos de Zambrana los responsables de acometerlo.

Aumento de actividad procesal

El examen de los datos estadísticos arroja un incremento en la actividad procesal. Durante los últimos doce meses, las diligencias preliminares pasaron de 449 a 469 y en el caso de los expedientes gubernativos, las cifras aumentaron en 28 en una parábola ascendente de 278 a 306. También suben los expedientes —254 a 266— y los escritos de alegaciones, que escalan a 120, quince más que el año anterior. Además, la Unidad de Intervención Educativa arroja que durante 2024 se tramitaron 203 medidas judiciales frente a las 185 del año anterior y entre todas las soluciones dictadas por el juez la libertad vigilada fue la más utilizada. Para menores de 14 años, la Fiscalía remitió 56 preliminares, las mismas que menores atendidos. Además, la mayoría de las penas que se dictaron fueron de libertad vigilada (45 casos), de prestaciones en beneficio de la comunidad (27), tareas socioeducativas (19) amonestaciones (6) y convivencia educativa, once. 

El juez tan solo dictó una sentencia de internamiento cerrado y 8 más con régimen semiabierto. Los centros de medidas judiciales son un recurso para adolescentes entre 14 y 18 años que tienen una condena dictada por un juez, 20.000 al año según los últimos datos de la Fiscalía. Estos espacios no son para los más de 300 que cometen delitos de máxima gravedad —que incluyen homicidios—, pero sí para quienes causan lesiones, violencia doméstica o sexual. No se trata de lugares de internamiento cerrado, sino un recurso intermedio que se ubica en un chalet o piso de grupo educativo y convivencia con medidas de régimen semiabierto, integrado y normalizado. León cuenta con un centro de estas características, Jalama, en el que en la actualidad viven cinco chicos que han cometido diversos delitos. 

La mayoría de ellos ha sido ingresado por violencia familiar. Inaugurado en 2002, ha sido pionero en la atención a menores infractores en la comunidad. La diferencia de este centro con el resto de residencias para menores es el hecho de que está enfocado de manera exclusiva a la ejecución de medidas judiciales. Todos los jóvenes que ingresan lo hacen con un expediente judicial, ya sea en situación cautelar o con sentencia firme. Esto significa que los menores que llegan a este centro han cometido delitos que van desde hurtos hasta delitos de violencia en el ámbito familiar o el uso indebido de internet. «No hay perfiles claros», destaca el director del centro, David Perulero, que enfatiza que hay chicos de familias normativas y chavales que siempre han estado protegidos por la administración. El centro ofrece tres tipos de medidas en función de las sentencias judiciales—convivencia en grupo educativo, internamiento en régimen abierto y permanencia de fin de semana— y el equipo lo componen educadores sociales que trabajan en turnos para garantizar la atención continua a los jóvenes. «Cuando entran por la puerta, siempre les digo lo mismo: Ya veis que no tenemos ni barrotes ni ningún tipo de seguridad porque aquí las rejas son psicológicas. Ellos saben que si quebrantan la medida judicial puede haber una modificación y acabar en el Zambrana», destaca David Perulero, director de la residencia. También ocurre al revés, chicos cuyo comportamiento en Zambrana es bueno y a los que modifican el régimen cerrado. En el Jalama los menores están por todo tipo de delitos, pero más de la mitad son violencia familiar. El resto son hurtos, acoso por redes o agresión sexual. A pesar de que el centro es mixto, actualmente solo hay chicos, y la función de los educadores es asegurar que todos los menores reciban la educación y el apoyo psicológico necesarios. Por ello, la intervención educativa es fundamental y los profesionales utilizan métodos cognitivo-conductuales para ayudar a los jóvenes a modificar su comportamiento y madurar emocionalmente. En el centro Jalama trabaja un solo educador por turno. El equipo lo integran cinco personas, también mujeres, que tienen que estar solas con los menores. «Mire, el otro día la Junta anunció medidas para mejorar las condiciones en el Zambrana. Pero el problema está en centros como este. De hecho, el crimen de Badajoz tuvo lugar en un centro de régimen abierto similar al nuestro», advierte David Perulero, que añade que los centros cerrados son bastante seguros. «Los que no lo son estos», subraya. Para paliar esta situación, el Ministerio de Infancia y Juventud acaba de presentar un decreto que busca reforzar la atención a menores tutelados en centros y pisos de acogida, uno de cuyos objetivos es blindar el marco de derechos laborales de los trabajadores y buscar que no haya educadores solos. Y es que hay centros semiabiertos en los que, cuando cae la noche, el educador no duerme. Hace un papel de vigilancia «por si a algún chaval le pasa algo, si tiene algún problema, si hay algún disturbio, para que lleguen bien a su hora». Algunos recintos tienen una «oficina», donde pueden resguardarse, aunque «si son dos o tres adolescentes es imposible controlar una situación de conflicto». En esos lapsos «críticos» se pueden enfrentar a insultos o amenazas, y eso a pesar de que la contención nunca puede ser física sino por medio de la palabra. «Tratamos de crear un vínculo afectivo», dice una educadora social de Andalucía. Pero en algunos casos, que pueden suceder «una o dos veces por año», según los testimonios de los trabajadores, llegan «patadas que rompen la tibia y el peroné, cabezazos que producen la rotura del tabique nasal, o mordidas», prosigue Almudena Vargas. «Hay muchas bajas por ansiedad, por miedo, por la vulnerabilidad extrema. Estás expuesto a una violencia sistemática». «Una vez uno de los chavales me quiso agredir», recuerda Almudena, que en esa época tenía 40 años. «Se vino hacia mí con la intención de empujarme, pegarme. Tuve la suerte que otros dos chicos se pusieron adelante y me defendieron, porque yo era su figura materna, los arropaba, les daba las buenas noches, estaba pendiente de sus comidas. Eso hizo que me protegieran, que discutieran con el otro chico, le exigieron que me respetara». En la «lidia diaria» se enfrentan a la «frustración de los adolescentes», dice Almudena y hace unas semanas Belén Cortés no tuvo la suerte de que nadie la defendiera. Sin embargo, los educadores de Jalama nunca han tenido problemas de violencia. «No ha pasado durante los últimos 23 años, con ningún menor». Perulero hace hincapié en esta afirmación si bien enfatiza que la obligación de la Junta debe ser dar una respuesta rápida cuando se generan los conflictos. «La educadora de Badajoz llevaba mucho tiempo quejándose. Pues ahí tiene la respuesta», destaca. En este espacio de internamiento viven ahora cinco menores de entre 15 a 17 años, pero por normativa pueden entrar de 14 a 21 años, de los que dos trabajan y tres estudian. Uno de los aspectos más destacados del centro es su enfoque en la reinserción social. «Muchos jóvenes que han pasado por sus puertas han logrado salir adelante, algunos incluso regresan para compartir sus historias de éxito. Y eso a pesar de que con algunos costó mucho hacer la intervención. El centro de reforma de León no solo es un lugar de cumplimiento de medidas judiciales, sino un proyecto que busca ofrecer segundas oportunidades a los jóvenes mediante la ayuda para construir un futuro mejor. La historia de cada uno de ellos es un recordatorio de que con el apoyo adecuado es posible superar las adversidades y encontrar un camino hacia la reintegración en la sociedad. Por ello, se cumplen todas las necesidades desde el minuto cero. «Si detectamos alteraciones del comportamiento trabajamos modificación de conducta, maduración personal e intervención educativa. «Nos servimos del cognitivo conductual como modelo de trabajo porque es el más efectivo, aunque también integramos inteligencia emocional», asegura el director. Además, la formación es obligatoria y está orientada a las necesidades del menor. David Perulero corrobora además que los perfiles que pasan por Jalama no son los que la sociedad tiende a imaginar con los clichés culturales y destaca que desde que él está al frente tan solo ha habido un caso de menor no acompañado. «Siempre se piensa en familias desestructuradas, pero no. Aquí hay chavales de todo tipo». Ninguna familia está libre, ningún padre puede mostrarse ajeno, nadie puede escupir hacia arriba. El director lo ejemplifica en que también ha habido hijos de profesionales bien posicionados, miembros de familias normalizadas en la sociedad que, de repente, se dan de bruces con la realidad. «Hay padres que no se lo explican, que se preguntan, incrédulos, cómo es posible que se les hayan ido de las manos», lamenta.

El delito que más crece es el maltrato familiar. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, cada año se abren en España más de 4.000 expedientes a jóvenes por violencia filio–parental, una cifra que no dejó de crecer hasta el año pasado, cuando fueron 4.699 frente a los 5.055 de los doce meses anteriores. Los expertos destacan que la violencia comienza contra las cosas y poco a poco se produce una escalada de gritos e insultos, a veces por motivos muy nimios, que terminan en la agresión. «Son jóvenes con muy poca tolerancia a la frustración y pocas habilidades a la hora de resolver problemas», explican los especialistas. A esto se une una alerta que crece de año en año: la cantidad de menores que llegan con problemas de psiquiatría y con los que se trabaja peor y de manera diferente. David deja claro que no es un trabajo fácil: «Es una profesión complicada y lo digo desde la experiencia porque llevo ya 27 años en esto y este ámbito está lleno de desafíos». A pesar de la dedicación y el esfuerzo del personal, la falta de reconocimiento social y económico es un tema recurrente. Los educadores sociales a menudo son confundidos con cuidadores, trabajadores sociales o monitores, lo que minimiza la importancia de su labor. Además, la administración enfrenta dificultades para garantizar condiciones laborales adecuadas y un salario justo para quienes trabajan en este sector. El director de Jalama asegura que nunca ha tenido temor y desliza que la única causa del miedo es la inseguridad jurídica con la que a veces tienen que torear. A pesar de estos obstáculos, el compromiso del equipo del centro es inquebrantable. La vocación y la pasión por ayudar a los jóvenes son el motor que impulsa su trabajo diario. En un entorno donde la inseguridad jurídica puede ser una preocupación constante, el enfoque en la educación y la rehabilitación se mantiene como la prioridad principal. «Esto tiene que ser totalmente profesional», defiende.