¿Quién mató a Juan Antonio Fernández?
La pregunta que subyace es si es ético equiparar a víctimas con asesinos, si un asesino asesinado tiene derecho a recibir homenajes junto a los inocentes que sufrieron la persecución y la muerte. Este es el propósito de un homenaje que desde Sumar se prepara para las víctimas del franquismo
Imagen del policía leonés de Boñar Juan Antonio Fernández, asesinado por el FRAP en 1973
No, mire, no conozco su periódico y no quiero participar en reportajes superficiales. Gracias». Manuel Blanco Chivite, antiguo miembro del FRAP, aprovecha la llamada para afirmar que su encuentro con el diputado de Sumar Enrique Santiago en el Congreso la pasada semana tuvo como objetivo la celebración de un homenaje de Estado a todas las víctimas del franquismo y no solo a los integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. «Las informaciones que se han publicado hasta ahora sobre esta exigencia del partido de Yolanda Díaz solo buscan falsear para desacreditar», añade.
La reunión entre el diputado de Sumar Enrique Santiago y los integrantes del grupo terrorista Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral coincide con el aniversario de las penas de muerte dictadas por el régimen contra tres miembros de la banda —José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz— y dos de ETA político-militar —Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui—. Tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos. Menos de dos meses después Franco moría y se abría el delicado proceso de la Transición hacia la democracia y, con ella, la ley de amnistía por la que se extinguía la responsabilidad de los terroristas condenados. Entre otros, salieron en libertad el propio Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral, miembros del comando acusado del asesinato del policía Lucio Rodríguez. Junto a ellos, lo hicieron otros dos miembros de la banda, Vladimiro Fernández Tovar y Fernando Sierra Marco.
Durante su existencia, el FRAP acabó con la vida al menos seis personas y dejó heridas a otras tantas. Uno de ellos fue el leonés de Boñar Juan Antonio Fernández Gutiérrez, asesinado el 1 de mayo de 1973. Tenía 20 años y era subinspector de policía. Los terroristas le apuñalaron por la espalda junto a otros compañeros. Algunos, salvaron la vida. Otro, Manuel Pedreral, de 24 años, moríría un mes después debido a las heridas que un fuerte golpe recibido en la cabeza le provocaron. No quiso acudir al hospital porque, según le dijo a uno de sus compañeros, su mujer estaba a punto de salir de cuentas. Los testigos del crimen aseguraron entonces que todo fue una «encerrona»: «Un grupo de cien jóvenes aproximadamente irrumpieron en la glorieta de Antón Martín profiriendo gritos subversivos y enarbolando una bandera roja. Los policías intentaron disolver el grupo y los manifestantes se dirigieron hacia un callejón próximo situado cerca de la calle de Santa Isabel. Los policías persiguieron a los activistas hasta llegar al callejón mencionado, apareciendo entonces repentinamente más manifestantes armados con largos cuchillos atados a las extremidades de unos barrotes de hierro con los cuales atacaron a las fuerzas del Orden Público en una proporción numérica muy superior. El infortunado inspector tomó asiento en el umbral de un portal inmediato y le dijo a un compañero que acudió a ayudarle: Me han dado, Me estoy ahogando». Fallecía poco después en el hospital.
No le reconocieron su condición de víctima del terrorismo hasta 20 años después. Su padre, Teodomiro Fernández, fallecía a los 23 años de enterrar a su hijo; su madre, Manuela Gutiérrez, le sobrevivió hasta el año 2010, y su única hermana, María Jesús, moría este verano. No queda nadie de la familia, nadie que luche por la memoria de Juan Antonio, nadie que trate de esclarecer uno de los casi 400 asesinatos terroristas que aún no han sido resueltos.
Imagen del día de la manifestación del 1º de mayo
Juan Antonio Fernández Gutiérrez, subinspector de segunda del Cuerpo General de Policía, moría asesinado a puñaladas en la calle del Doctor Mata, esquina a la de Santa Isabel, en las proximidades de la calle de Atocha de Madrid, cuando, en acto de servicio, acudía con otros compañeros a desarticular a unos manifestantes que esgrimían banderas rojas, con la hoz y el martillo, el funcionario fue derribado al suelo y apuñalado con saña. Recibió varían cuchilladas, una de ellas mortal de necesidad. Era la primera vez en la historia de España que hacía acto de presencia pública por medio de una acción violenta y terrorista, la siniestra banda marxista FRAP (Frente Revolucionario antifascista patriótico), asesinando a un funcionario de policía. Organizaciones izquierdistas clandestinas, encabezadas por el FRAP, habían convocado con motivo del 1 de mayo, a una manifestación ilegal que tendría como escenario la plaza de Antón Martín y zonas aledañas. La Policía había montado un dispositivo de Vigilancia y de protección. Minutos antes de la hora señalada comenzaron a aparecer en diversos puntos de la capital grupos de manifestantes, en especial por las calles de Santa Isabel. Lope de Vega y glorieta de Embajadores, entre otros. Concretamente en la calle de Santa Isabel en su confluencia con la del Doctor Mata, alrededor de unos ochenta manifestantes, que portaban banderas rojas y daban gritos y consignas de corte subversivo, atrajeron la atención de varios inspectores de Policía, los cuales acudieron con la intención de dispersarlos. Lamentablemente los funcionarios cayeron, en una emboscada, pues se el grupo al que perseguían se diluyó, apareciendo El «piquete», Integrado por gente muy joven, llevaba barras de hierro y cuchillos de monte, varios de los cuales iban atados, a modo de bayoneta, a uno de los extremos de las barras. Cuando los policías se encontraban a poca distancia, y sin que en ningún momento hicieran uso de sus armas, fueron agredidos con fatales consecuencias. El sub inspector Juan Antonio Fernández Gutiérrez recibía una cuchillada en el hemi— tórax izquierdo a la altura del corazón, mortal de necesidad de la cual fallecía a los pocos minutos de su Ingreso en la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco.
El señor Fernández Gutiérrez, de veintiún años de edad y uno y medio de permanencia en el Cuerpo, natural de León, hijo de un minero y estudiante de segundo curso de Medicina, fue atendido inmediatamente por el jefe de guardia del Servicio de Cirugía del mencionado centro hospitalario y por su equipo. Pese al masaje cardíaco que se hizo sin pérdida de tiempo y a la traqueotomía que se practicó el servidor del orden, este falleció en la mesa de operaciones En el mismo centro eran ingresados Bienvenido López García, inspector de tercera, que fue objeto en el quirófano de tres intervenciones, ya que había sido herido de arma blanca en la espalda, en el bajo vientre y en el brazo izquierdo; otros dos Inspectores que sufrían lesiones de menor importancia y el conductor, Policía Armado, Faustino Penabad Castro, quien, encontrándose en el interior del coche oficial, fue apuñalado por la espalda. Los Inspectores estaban adscritos a la Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
El ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, y el director general de Seguridad, Eduardo Blanco Rodríguez, acudieron a la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco Franco nada más tener conocimiento de los hechos para interesarse por el estado de los heridos.
El funeral por el joven inspector se celebró en el salón Canalejas de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol y fue presidido, dentro de una gran tensión, por el vicepresidente del gobierno Almirante Luis Carrero Blanco que impuso sobre el féretro del malogrado servidor del orden la medalla de oro al mérito policial. A la salida a la calle del ataúd que iba envuelto en la bandera Nacional, un clamor unánime se extendió por toda la Puerta del Sol ¡A hombros! ¡A hombros! Un furgón que estaba esperando para conducir el féretro a tierras leonesas se quedó vacío y el ataúd del inspector fue llevado a hombros por innumerables compañeros desde la Puerta del Sol a la Plaza de España. Aquello se convertiría en una insólita manifestación, pues al llegar a la calle de Preciados, de súbito comenzaron a aparecer en las solapas de cientos de asistentes al sepelio las placas-insignias distintivas del Cuerpo General de Policía. Miles de ciudadanos se fueron sumando al cortejo y la repulsa a los asesinos y a la debilidad del gobierno fue en aumento con gritos contra el comunismo y a favor de Franco, las fuerzas del orden, Ejército con Arribas y Vivas a España. Se cantó varias veces el Cara al Sol y la manifestación se disolvió sin incidentes en la plaza de España donde el féretro de José Antonio Fernández fue introducido en un furgón que le llevaría por carretera hasta León donde sería enterrado. De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso de empleo, con carácter honorífico y a título póstumo.
En el olvido
La abogada Carmen Ladrón de Guevara, autora de Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista (Tecnos. 2025) y Las víctimas del terrorismo de extrema izquierda en España (Almuzara. 2022) destaca el vacío de memoria con el que se ha tratado el asesinato de este leonés. «Se habla mucho de los fusilados, pero no se ha recordado ni una sola vez a aquellos a los que mataron», concluye. Y es que ninguna placa recuerda su nombre en las calles donde cayó, ninguna institución lo reivindica como víctima y nadie trata ya de averiguar quién o quiénes acabaron con su vida.
Sin embargo, aquel crimen, cometido en el contexto de los comités pro-FRAP, marcaría el inicio de una de las etapas más violentas de la extrema izquierda en España. Ladrón de Guevara, especialista en terrorismo, explica que ese episodio constituye «el primer asesinato que se atribuye al FRAP, aunque todavía no estuviera formalmente constituido como organización armada.
Según detalla, en ese momento existía un ambiente de radicalización impulsado por el Partido Comunista de España (marxista-leninista), germen del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. «Ya había una orden interna de «meter más caña», de enfrentarse directamente con las fuerzas del orden, incluso con armas blancas, navajas, cuchillos, machetes y palos», señala.
Aquel 1º de mayo de 1973 se convocó en Madrid un dispositivo policial especial. Se esperaba una jornada tensa. «Había un llamamiento explícito a acudir armados a la manifestación y a no huir ante los agentes, sino a enfrentarse a ellos», recuerda la también profesora. En ese clima de violencia organizada se produjo el ataque que acabó con la vida de Fernández. Su asesinato no tuvo resolución judicial. No se identificó a los autores materiales, aunque las investigaciones históricas y los propios testimonios de antiguos militantes reconocen que la muerte fue consecuencia directa de aquellos enfrentamientos promovidos por los comités pro-FRAP. «Formalmente el FRAP no existía aún, pero sí había adoptado ya una estrategia de confrontación y violencia callejera. El asesinato de Fernández fue el preludio de todo lo que vendría después», sostiene la abogada.
Con el paso del tiempo, la figura del joven policía fue diluyéndose en la memoria colectiva. El hecho de que los responsables de otros atentados posteriores fueran fusilados en los últimos consejos de guerra del franquismo contribuyó, según Ladrón de Guevara, a enterrar también el recuerdo de las víctimas.
Esa amnesia se ha hecho aún más evidente medio siglo después. Las iniciativas parlamentarias para rendir homenaje a los fusilados del FRAP han reabierto el debate sobre la memoria y la justicia histórica.
Ladrón de Guevara no oculta su indignación ante lo que considera una «manipulación de la historia». «Se les está presentando como luchadores por la libertad, obviando su condición de terroristas y las responsabilidades que tuvieron en asesinatos concretos, con nombres y apellidos».
La abogada insiste en que «sí, fueron fusilados injustamente, porque los consejos de guerra carecieron de garantías», pero añade que eso no los convierte en inocentes. A su juicio, el reconocimiento de las víctimas del franquismo no puede construirse a costa de borrar el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de izquierdas. «La democracia española no vino gracias a grupos como el FRAP, sino a pesar de ellos. Los principales enemigos de la transición fueron precisamente quienes intentaron imponer una dictadura comunista por la fuerza».
No obstante, hace hincapié en el hecho de que no se respetaron los derechos de los acusados ni sus garantías procesales, algo que quedó patente con la inadmisión de las 200 instancias que sus letrados presentaron durante el juicio. Sin embargo, considera que hay elementos suficientes para afirmar que los tres miembros del FRAP habían participado en los hechos por los que fueron condenados, a pesar de que la estrategia de defensa de los encausados fue siempre negar su participación.
«Ya se sabrá más adelante»
Carmen Ladrón de Guevara subraya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anulado los consejos de guerra de José Luis Sánchez Bravo y José Umberto Baena. Además, está a punto de hacerlo con el de Ramón García Sanz. «A mí, lo que me llama la atención es que Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral, — que están vivos, y formaron parte del comando que articuló el asesinato del policía Lucio Rodríguez— , no digan medio siglo después, quién fue el autor material. Sería una manera de dejar claro que el régimen franquista mató a un inocente. Bueno, pues ninguno de ellos abre la boca», lamenta. De hecho, Flor Baena, hermana de José Humberto, asegura que todos ellos tenían un pacto de silencio. Esta afirmación se refuerza por una declaración de José Luis Morales, otro integrante del grupo terrorista, que asegura que Baena no pudo ser el autor material porque no estaba en el lugar de los hechos. «Ya se sabrá más adelante», afirmó entonces. Quien ahora podría dilucidar la auténtica autoría y si realmente Baena es inocente es el propio Pablo Mayoral, presente en el atentado, que sigue negándose a decir quién lo hizo. «Cuando se lo preguntan, se cabrea. Siempre dice lo mismo, que si ya estáis otra vez con eso, que por qué no preguntáis quiénes fueron los que fusilaron a Baena»...
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, muestra su perplejidad ante el hecho de que el propósito del homenaje sea igualar a víctimas y victimarios. «Exigimos a todas las instituciones públicas que no promuevan ni respalden homenajes a terroristas». Ordóñez Fenollar destaca que de la misma manera que nunca se propondrían tributos a Melitón Manzanas —asesinado por ETA— o a Carrero Blanco tampoco deberían hacerse a los terroristas de ETA y del FRAP ejecutados por el franquismo en 1975. «No fueron luchadores por la libertad , ni héroes, ni mártires sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre», añade. La presidenta de Covite añade que el respeto a las víctimas, a sus familias y a la verdad histórica exige parar cualquier acto que reivindique la memoria de quienes se sirvieron del terror para lograr fines políticos. «Esa liturgia propagandística ha servido para legitimar el terrorismo durante décadas y para perpetuar esa legitimación hasta hoy», defiende.