Las 10 deferencias del juez Calama con el imputado Zapatero

La primera deferencia fue la más visible: Zapatero fue citado como investigado, no detenido. Calama le atribuye delitos de enorme gravedad potencial —tráfico de influencias, blanqueo y otros ilícitos conexos-, pero no acordó su arresto ni su conducción policial ante la Audiencia Nacional. Son contadas las veces que un juez no ha ordenado el arresto inmediato de un sospechoso al que sitúa al frente de una organización criminal, aunque sea para evitar el riesgo de destrucción de pruebas durante la operación.

La segunda concesión llegó con el calendario. Tras la citación inicial, el 2 de junio, la defensa pidió un aplazamiento. Calama no solo aceptó mover la fecha, sino que fijó dos jornadas completas, 17 y 18 de junio, para que el expresidente pudiera explicarse. Es una decisión inusual: un investigado suele declarar en una única comparecencia salvo causas de extraordinaria complejidad. Aquí el juez ha reservado tiempo suficiente para que Zapatero responda sin presiones ni prisas a informes, mensajes, preguntas sobre sociedades, contratos y flujos de dinero. No fue necesario. El interrogatorio se liquidó en una mañana.

La rapidez también fue significativa. Calama contestó en horas a la petición de Zapatero para cambiar la fecha. Evitó así una batalla procesal sobre el margen de preparación de la defensa y reforzó la apariencia de que quiere llegar al interrogatorio sin reproches de indefensión, precipitación o falta de tiempo. El juez es duro en el fondo, pero, de nuevo, extremadamente cuidadoso en la forma.

El nuevo calendario tuvo además una derivada política: evitó que la declaración coincidiera con la visita del Papa León XIV a España, entre el 6 y el 12 de junio, una cita en la que el Gobierno se evolcó. La comparecencia quedó desplazada a la semana siguiente, fuera de un acontecimiento religioso, diplomático y mediático de primer orden. No consta que esa fuera la razón formal, pero el efecto práctico fue claro.

La notificación a Zapatero del auto de levantamiento del secreto incluyó la entrega al abogado de Zapatero el martes 19 de mayo (el día en que estalló la ‘operación Tíbet’ de la Udef) de los dos grandes informes de la Udef, el 1907/26 y el 1908/26, que recogen el gruesos de las acusaciones contra el expresidente. Esos documentos suman más de 300 folios y contenían ya el anticipo de las acusaciones policiales: la ‘vía Zapatero’, la ‘vía Ábalos’, Análisis Relevante, Whathefav, los pagos, los contratos, los mensajes y la cronología de Plus Ultra. No recibió una imputación genérica, sino el mapa policial de la causa.

Calama tampoco levantó el secreto con una resolución escueta. Redactó un auto de unas 80 páginas para explicar la arquitectura de la investigación, los indicios, las sociedades, los pagos, las comunicaciones y la posición atribuida a cada pieza del entramado. La resolución —que algunas fuentes comparan con la calidad argumental de un verdadero escrito de procesamiento— incluía incluso un índice, algo poco habitual en un auto de levantamiento del secreto. La factura técnica refuerza la gravedad de la acusación, pero también da a la defensa una base precisa para saber qué se le atribuye desde un perspectiva penal.

Calama también se negó a registrar el domicilio privado de Zapatero en Las Rozas. La Udef defendió como imprescindible ese allanamiento, como es norma en cualquier operativo contra una trama. Pero el instructor —para enfado de los agentes— no autorizó la medida al no apreciar indicios concretos suficientes para una injerencia tan intensa en la vivienda familiar. Rechazó la entrada porque no veía acreditada una «conexión objetiva, directa y actual» entre ese domicilio y los hechos investigados ni «indicios racionales suficientes» de que allí hubiera documentos o dispositivos relevantes. Sí permitió el registro de su despacho de Ferraz, donde la Udef buscaba documentación profesional, agendas, dispositivos y comunicaciones vinculadas a la actividad del expresidente. Allí los agentes salieron con cajas precintadas, agendas, libretas, documentos, soportes tecnológicos y volcados de ordenadores y correos. También encontraron una caja fuerte con más de un centenar de piezas de joyería que posterioremente se valoraron en 1,3 millones de euros y cuya procedencia Zapatero no ha explicado aún.

Esta es la gran deferencia, rayana —según los críticos— con el privilegio. Calama no autorizó intervenir el móvil personal de Zapatero, una de las diligencias más invasivas en una investigación penal, pero sin duda más útiles. En cambio, sí permitió actuar sobre el teléfono de María Gertrudis Alcázar, su secretaria personal, a la que el auto sitúa en un papel operativo dentro de la red de comunicaciones y documentación. La Udef podrá buscar rastros indirectos, pero no dispone por ahora de acceso al terminal del principal investigado, algo totalmente inédito en una investigación criminal de la actualidad donde todo queda registrado en los móviles.

El embargo de cuentas tampoco fue absoluto. Calama acordó el bloqueo de saldos vinculados a Zapatero, pero con un límite económico: 490.780 euros, la cantidad que el auto atribuye a los pagos recibidos de Análisis Relevante. La medida busca asegurar responsabilidades y evitar movimientos de fondos, pero no equivale a una congelación indiscriminada de todo su patrimonio, como sí que suele hacerse de manera preventiva en las investigaciones de las tramas económicas, como es ésta. También se bloquearon cuentas de sociedades investigadas y depósitos vinculados a las hijas en los que figura como autorizado.

La gestión del calendario añade otro elemento político. El levantamiento del secreto y las diligencias más sensibles llegaron 36 horas después de las elecciones andaluzas del domingo 17 de mayo. Calama evitó que la imputación de un expresidente socialista especialmente implicado en la campaña, los registros en Ferraz y la entrada en la empresa de sus hijas irrumpieran en vísperas de la votación. Así, la bomba judicial estalló una vez cerradas las urnas.