La discreción perdida al son de un encantador de serpientes Un triunfador al que se le indigestó la ambición Jiménez era el alias del gobernador en Ibercorp Bien relacionado, educado y pulcro, pero enganchado al lujo El banquero que concedió las mejores p

Esta semana ha sido noticia el ingreso en prisión de Manuel Prado y Colón de Carvajal, empresario, diplomático y amigo personal del Rey, que ha sido condenado a dos años de prisión por haberse apropiado de 12 millones de euros. Todo empezó en mayo del 92, cuando el intrigante Javier de la Rosa -justo antes de abandonar la papelera Torras, recién adquirida por el grupo kuwaití Kio- ordenó ingresar 1.900 millones de pesetas en una cuenta que Prado tenía abierta en la banca suiza Sogenal. El abono del dinero de los kuwaitíes se justificó con una factura de la sociedad instrumental Wardbase. La triquiñuela de De la Rosa, a la que se prestó el ahora encarcelado, ha arruinado la discreta y elitista trayectoria vital de Manuel Prado. El caso Banesto fue el primer escándalo de la llamada cultura del pelotazo y Mario Conde es el primer referente personal en la lista de especuladores, estafadores y demás protagonistas. En la trama, que quedó al descubierto hace ya once años, participaron varios altos ejecutivos del banco y, de entrada, Conde se apropió de 300 millones de pesetas, según consta en el sumario. El banquero, que accedió a la presidencia de la entidad de forma escrupulosamente legal -gracias a la genial y oportuna compra-venta de una industria en apuros-, se convirtió en un modelo a seguir para miles de jóvenes ejecutivos. El tudense purga su ambición y debe cumplir penas por falsedad y apropiación que suman más de 20 años de prisión. Fue, quizá, el caso que más sorpresa causó. Salvo los muy cercanos a él, nadie tenía motivos para sospechar que Mariano Rubio se aprovechaba de su cargo en el Banco de España para enriquecerse mediante jugosas operaciones bursátiles. Manuel de la Concha, director de Ibercorp, recibía puntual y valiosa información de su amigo Rubio mientras jugaban al golf, almorzaban o asistían a una tertulia literaria. Las confidencias reportaron multimillonarios beneficios a Ibercorp y a sus clientes, entre los que figuraba el rector del banco central con identidad falsa (su alias era Jiménez). El escándalo estalló en febrero de 1992, debilitó la credibilidad del Gobierno y en el Congreso resonó el «¡váyase, señor González!». Gescartera, constituida en 1992 como empresa administradora de patrimonios, se convirtió en febrero del 2001 en una sociedad gestora de carteras (o agencia de valores bursátiles). Lo curioso, o alarmante, es que el historial de irregularidades, expedientes y sanciones que motivó Gescartera antes del 2001 aconsejaban atar en corto a la empresa de Antonio Camacho, reo de estafa. Sin embargo, la gubernamental Comisión Nacional del Mercado de Valores dio el plácet. Camacho inspiraba confianza, gozaba de excelentes relaciones político-administrativas y creyó que su habilidad e información era suficientes para lograr altas rentabilidades con ahorros ajenos y, al tiempo, meter mano en la caja sin contemplaciones. Total, que faltan más de mil millones de pesetas. La jueza Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, sentará en el banquillo de los acusados al emblemático presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, acusado de apropiación indebida y desleal por entregar 164,2 millones de pesetas del Santander Central Hispano a José María Amusástegui y Ángel Corcóstegui, ex altos cargos de las entidades fusionadas en la banca SCH. El pago de tan elevada cantidad fue justificado como una indemnización por jubilación. La decisión de la magistrada, que puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, incluye la orden de que los acusados (Botín y los dos beneficiarios del pago) abonen una fianza conjunta por el mismo valor que los fondos del SCH presuntamente robados. Los Albertos ya han sido condenados a sendas penas de tres años y cuatro meses de prisión, así lo ratificó el Supremo en marzo del 2003, por estafar a sus socios en la venta de los solares donde se construyeron las madrileñas torres Kio. Cortina y Alcocer, tanto monta, incorporaron a la polémica finca varios terrenos que no eran de su propiedad ni formaban parte de los solares aportados por sus socios. El ingreso de los dos primos ha sido pospuesto por el Constitucional a consecuencia del recurso de los abogados de los delincuentes, a la espera de que el Gobierno resuelva la petición de indulto ya cursada. Cuando se ejecute la sentencia, los reos deberán abonar a los perjudicados 48 millones de euros.