Una cuestión de Estado, más o menos

|||| Las murallas romanas son propiedad del Estado y Monumento Nacional desde 1931, aunque parte de su trazado se encuentre en manos privadas, o dependa de ellas. El proceso de expropiaciones será uno de los principales puntos a tratar a la hora de llevar a cabo el plan director que elaboren los expertos en los próximos años. Sin embargo, la propiedad de estas cercas no ha estado siempre clara. De hecho, hasta no hace mucho el Ayuntamiento las reclamaba como suyas. La piedra caída sobre un coche en 1996 desempolvó viejos legajos y se descubrió que ninguna parte de la muralla se hallaba en el Inventario de Bienes Municipales. En realidad, la Delegación de Hacienda había intentado ya aclarar el asunto en los años sesenta. En 1973 esta delegación determinó que las murallas de la ciudad no son edificios, por lo que aún siendo propiedad del municipio, porque se construyeron para la defensa de la ciudad, no están inventariadas en sus registros. A finales de los años noventa el Ayuntamiento volvió a reclamar la propiedad, pero la Abogacía del Estado determinó que las murallas son de dominio público, por lo que únicamente pertenecen al Estado. En concreto, al Ministerio de Economía.