La primera oportunidad perdida para el autogobierno

El 28 de marzo de 1978 los parlamentarios que se habían reunido en Burgos para configurar el ente preautonómico de Castilla y León tuvieron que reconocer que su propuesta territorial no había triunfado. Desoyendo el llamamiento que había hecho el secretario de la Asamblea, Jesús Hervella García, ocho días antes, a todas las provincias de Castilla la Vieja y León para la negociación de la preautonomía con el Gobierno de la UCD, a la reunión no habían acudido los representantes de Santander, Logroño y León. Con ello dejaban bien a las claras su disconformidad con el proyecto que se les quería imponer y cuestionaban así una comunidad que era el único caso -con excepción del País Vasco- en el que no estaban claramente precisadas las provincias que la integraban. Como se ha señalado en entregas anteriores, el desplante de los parlamentarios leoneses venía motivado en último término por la manifestación popular que se había producido en León el 18 de marzo, diez días antes de la reunión burgalesa. No obstante, la enorme dificultad de la delimitación territorial de la preautonomía ya se había hecho patente cinco días antes, cuando se iniciaron las negociaciones con Manuel Clavero Arévalo, ministro para las Regiones, por la frontal oposición que mantenían los representantes de Santander, Logroño y León al texto preautonómico. Periodo fundamental Este periodo que aquí se abría -desde marzo a junio de 1978- fue fundamental en la constitución de una posible autonomía leonesa, puesto que en ese momento la situación era similar a la de Logroño o Santander. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en León, la evolución autonómica en esas dos provincias fue clara al ponerse de acuerdo sus parlamentarios para comenzar las negociaciones por separado con el ministro, a la vez que redactaron rápidamente sus propios estatutos de autonomía. Así, ambas alcanzaron la autonomía uniprovincial de la que hoy disfrutan: la provincia de Logroño con el nombre de La Rioja, y la de Santander, con el nombre de Cantabria. En contraposición, los políticos leoneses no consiguieron alcanzar una postura común ni tampoco participaron en la redacción de un texto autonómico. A todas las dudas mencionadas que planteó la delimitación de la futura comunidad se añadieron los problemas para fijar su capitalidad, además de los incidentes que tuvieron lugar en la celebración de Villalar el 23 de abril. comentados en entregas precedentes. Todo ello produjo que, aunque las negociaciones entre los delegados de la Asamblea y el Ejecutivo finalizaran el 22 de abril, el Consejo de Ministros no aprobara el Real Decreto-Ley de Preautonomía para Castilla y León hasta el dos de junio. La sanción definitiva tuvo lugar el 13 de junio, al rubricarlo el monarca. Excepto en Valladolid, la concesión de dicha preautonomía no produjo grandes muestras de júbilo en la mayor parte de las provincias. En León no hubo ni manifestaciones populares a su favor ni siquiera celebraciones de ningún tipo. Incluso la falta de entusiasmo se plasmó en la prensa, con titulares tan lacónicos como el de La Hora Leonesa del tres de junio: «Preautonomía para Castilla y León» o el escueto «Preautonomía Castilla y León» del Diario de León. Ambos medios se mostraban de acuerdo al reseñar que la provincia de León tendría que incluirse en el Consejo General, puesto que en ese momento todavía no pertenecía a dicha institución ni -aún más importante- no se había planteado otra alternativa distinta.