Las ciudades de más de 20.000 habitantes tendrán mapas de ruido

La Consejería de Medio Ambiente ultima la redacción del proyecto de Ley del Ruido de Castilla y León que tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica para evitar y reducir los daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico. La normativa va más allá que la ley nacional que fija en 100.000 el número de habitantes de los municipios obligados a elaborar mapas de ruido, exigencia que la futura ley quedará fijada en 20.000 habitantes. De esta forma, además de las nueve capitales se verán afectadas las localidades de Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), Ponferrada y San Andrés del Rabanedo (León), y las de Medina del Campo y Laguna de Duero (Valladolid). Los mapas sonoros son una herramienta de control ambiental que permiten diagnosticar la situación de la contaminación acústica en un municipio, compararla con otros núcleos de población y determinar los posibles problemas que se puedan generar a los ciudadanos. Además, sirven para establecer futuros programas de actuación en la lucha contra el ruido a través de acciones puntuales en zonas críticas como hospitales y colegios, o mediante cambios en la planificación urbana como reducir la velocidad, instalar pantallas acústicas, mejorar el pavimento, potenciar el transporte público o peatonalizar las calles. Pantallas La elaboración de los mapas de ruido fue uno de los temas abordados en una jornada técnica organizada por la Fundación Cidaut que reunió en Valladolid a un centenar de expertos en acústica ambiental, técnicos de las administraciones nacional y autonómica y representantes del mundo empresarial. Durante el encuentro se abordó la necesidad de llevar a cabo dichos mapas, así como planes de actuación porque, en el futuro, serán obligatorios para la instalación de cualquier empresa, la creación de una zona residencial o la construcción de una infraestructura. Mediante una simulación informática que calcula el nivel de ruido que se registra en diferentes puntos de una ciudad, se puede detectar el número de personas afectadas y las zonas de mayor contaminación en función de fuentes emisoras de sonido como carreteras, vías férreas o las industrias cercanas. El objetivo es conocer los municipios y las zonas que soportan unos índices de contaminación acústica superiores a los permitidos por la ley, que en zonas residenciales fija un tope de 65 decibelios de día y 55 decibelios de noche, umbral que se considera límite para no perjudicar la salud humana. Según Antonio Pérez-López, presidente de la Sociedad Española de Acústica, estas medidas serán útiles para tratar de reducir la contaminación sonora en zonas ya edificadas, principalmente mediante planes de acción basados en el empleo de pantallas acústicas en carreteras o la implantación de asfaltos fonoabsorbentes con la utilización de polvo de residuos de neumáticos y, sobre todo, para condicionar la futura urbanización de las ciudades. «Se trata, de disponer de un buen diseño acústico previo a la fase de construcción, lo cual no supone un gran desembolso económico», añadió. A su juicio, la principal ventaja de la nueva ley será la inclusión de la contaminación acústica como un elemento más en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de las ciudades y en los códigos técnicos de edificación. Miguel Ángel Morcillo, representante de acústica de Cidaut, recordó que, aunque las pantallas acústicas actuales reducen hasta 20 decibelios en los 25 metros que las rodean, se están proyectando modelos más altos, más amplios y mejor diseñados, porque «uno de estos elementos mal colocado o mal diseñado puede hacer que rebote a otra parte en que moleste o no sirva para nada», añadió. Por su parte, el responsable del Centro de Estudios y Control del Ruido del Grupo Cidaut, Antonio Hidalgo, afirmó que a pesar de que hay problemas de ruido en ferrocarril, carretera e industria, Castilla y León es una de las comunidades que menos contaminación acústica sufre, ya que la densidad de población no es la de las grandes ciudades.