El Gobierno defiende el «todo o nada» en la reforma laboral
Rechaza la propuesta sindical de acuerdos parciales y la idea de posponer los cambios estructurales para negociarlos más

La vicepresidenta económica Elena Salgado.
El Gobierno, liderado por su vicepresidenta económica Elena Salgado, quiere una reforma laboral que abarque todo el temario y hace oídos sordos a la petición sindical de firmar un acuerdo sobre los puntos menos conflictivos como son el nuevo sistema de bonificaciones al empleo, un plan de choque que impulse la inserción laboral de los jóvenes y fórmulas que reduzcan la jornada de trabajo y eviten los despidos y la destrucción de colocaciones. A su juicio, en el paquete también tienen que incluirse iniciativas que adapten la contratación al momento actual y reduzcan la brecha existente entre temporales e indefinidos y que den cabida a la intermediación privada con ánimo de lucro para casar ofertas y demandas laborales. A la postura del Ejecutivo se suman los representantes de las patronales Ceoe y Cepyme.
CC.OO. y UGT defienden la aplicación urgente de medidas para paliar las situaciones más dramáticas, entre ellas el 40% de paro juvenil. Argumentan que la crisis avanza y la negociación se dilata sin resultados positivos. Por el contrario, creen que las reformas estructurales -”contratación y reforma de la intermediación laboral-” necesitan un análisis en profundidad para identificar adecuadamente «los remedios» a adoptar.
El rechazo del Gobierno se produjo este lunes en una nueva reunión de diálogo social. El encuentro duró alrededor de tres horas y continuará el próximo lunes, fecha en la que estará sobre la mesa cómo corregir la dualidad del mercado y conseguir que los contratos temporales solo atiendan a actividades con fecha de caducidad. Los protagonistas de la negociación desean que los contactos se celebren en medio de la mayor discreción posible, sin presiones de los medios informativos. Todas las partes manifiestan su disposición a continuar el proceso.
El motivo del encuentro de ayer era que el Gobierno conociera de viva voz la postura de patronal y sindicatos.