Botín tendrá que aclarar al Supremo si el juez Garzón le pidió dinero

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acudirá al Tribunal Supremo el 12 de mayo para declarar como testigo en la causa que se sigue contra el juez Baltasar Garzón por unos cursos en Nueva York, en la que está acusado de prevaricación y cohecho. El magistrado que instruye el proceso, Manuel Marchena, citó ayer a Botín y a dos delegados del Santander en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras y Rodolfo Icaza, para que aclaren si Garzón intervino en la obtención del patrocino de las conferencias, celebradas entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que subvencionó la entidad bancaria con 302.000 dólares.

La presencia de Botín como testigo abre una nueva fase en la investigación. El magistrado Manuel Marchena quiere poner negro sobre blanco sobre la prueba clave aportada por los querellantes y que hizo que la Sala de lo Penal del Supremo decidiera abrir una causa contra el juez tras rechazarla con anterioridad. Se trata de dos cartas que Garzón envío a Botín en las que agradecía personalmente al banquero el patrocinio. La primera misiva data del 10 de junio de 2005 y la segunda del 20 de enero de 2006.

En ellas, Garzón se dirige a Botín y se despide en tono cariñoso -«Querido Emilio un fuerte abrazo»- y lo hace como magistrado-juez/titular de la cátedra Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, el centro encargado de organizar los cursos denominados «Diálogos Transatlánticos». En la primera carta, Garzón agradece a Botín la financiación recibida por el primer curso de conferencias, al que el Santander aportó 169.000 dólares; en la otra misiva el juez remitió al presidente del Santander «la propuesta y el presupuesto» para el segundo curso de conferencias, que el banco subvencionó con otros 133.000 euros.

Según los querellantes, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, estas cartas demuestran que Garzón gestionó y obtuvo fondos del Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija en Nueva York, ciudad donde permaneció casi dos años en excedencia tras obtener una licencia de estudios.

Por estos hechos acusan al juez del delito de cohecho. Asimismo, destacan que el magistrado no se abstuvo meses después en una querella formulada por un ex consejero de Banesto contra Botín por apropiación indebida, que Garzón archivó porque el presunto delito había prescrito. Por este hecho le acusan de prevaricar.

El Supremo citó el 6 de mayo a los dos delegados del Santander en Estados Unidos que gestionaron con el juez la organización de los cursos.