El equipo Nízkor queda anulado para enjuiciar crímenes franquistas por los errores de Garzón

El Equipo Nízcor, integrado por juristas especializados en derechos humanos y conocido por su participación en los procedimientos judiciales abiertos contra las dictaduras de Chile y Argentina, está incapacitado para iniciar procesos contra crímenes del franquismo como consecuencia de los errores que habría cometido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al declararse apto para iniciar el proceso contra la represión franquista y continuarlo a pesar de que la sala de lo Penal le recordó que no era competente. «Advertimos que continuar el procedimiento enviaría los casos a los juzgados de Primera Instancia e iba a provocar su archivo final de todos, como así ha ocurrido», declara el presidente de esta organización internacional, Gregorio Díaz Dionis. En España esas causas no se podrán reabrir jamás.

Díaz Dionis, en una entrevista telefónica, denuncia desde Bruselas que los errores de Garzón no son los únicos que «están bloqueando la reparación de las víctimas». El análisis jurídico de Nízcor sobre la situación actual en España revela asuntos «más graves y que son el verdadero problema de fondo, aunque todo esto se haya convertido en Garzón sí o Garzón no». Según ellos, hay mucha letra pequeña que leer. «Se ha usado la Ley de la Memoria Histórica para cerrar toda posibilidad de representación jurídica de las víctimas». El artículo 3 «se carga ese reconocimiento en cuanto dice que las leyes del franquismo son ilegítimas pero legales».

Esta perspectiva jurídica, solapada hasta ahora por el escándalo en torno al juez Garzón, no había trascendido. «Se ha creado una situación de excepción jurídica en Europa», revela el presidente del equipo. «No hay ningún país que haya pasado por el fascismo ni ninguna dictadura después de la Segunda Guerra Mundial en el que se haya permitido esto que se está haciendo en España». En un tono más duro y asegura que desalentado por «el guirigay» judicial que se está desarrollndo, Díaz Dionis afirma que «se está generando otra vez una España de excepción que no es concordante con el derecho internacional; es como si de golpe España discute el Derecho Europeo y crea una excepción con el fascismo». «Si se cierra esto así, España se separa de los Juicios de Núremberg [ tras los que Naciones Unidas desarrolló una jurisprudencia internacional en materia de crímenes de guerra ] y se separa del Derecho Penal Internacional».

Y si no hay reconocimiento penal, no hay reconocimiento jurídico de las personas; más bien no personas , porque al negarse su reparación se bloquea en segundo término un posible paso a la vía penal. En consecuencia, todo el trabajo del Equipo Nízcor en torno a los crímenes del franquismo y a la posibilidad de abrir un proceso internacional penal viaja al infinito.

Por otro lado, el posible error de Garzón al declarse competente para investigar el franquismo ha abierto un nuevo frente judicial, que son las querellas presentadas por Falange Española de las JONS la fuerza ultraderechista Manos Limpias y Libertad e Identidad. Aunque ayer el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela expulsó a Falange como acusación popular, lo hizo por no ceñirse en su escrito a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no por ser el único partido del franquismo, lo que en opinión del Equipo Nízkor resulta enormemente grave «porque le está dando legitimidad activa, la está legalizando como partido». «¿Quién va a pedir la ilegalización de Falange si el Supremo le diera representación en un caso con sentencia firme?». «Desde nuestra óptica jurídica, ese es el problema de fondo».

Las querellas de la ultraderecha se resumen en que Garzón denunció sin pruebas, algo que se está rebatiendo, y basan su legitimidad en defender el franquismo. «Es como si en Alemania el partido nacionalsocialista presentara una querella en defensa de las SS porque un grupo de alemanes las acusa de crímenes contra la humanidad», describe Gregorio Díaz Dionis. Para rematar, subraya que «con la Ley de la Memoria Histórica se ha dicho que las leyes franquistas son legales y con eso se han legalizado todas las instituciones franquistas. Los que estamos en esto pensamos que es mucho más grave de lo que parece».

Opinan las víctimas. Pero el fondo de este denso asunto sigue empañado por la culpabilidad o no de Garzón. Las asociaciones de la memoria histórica de León, primeras de toda España en reivindicar la reparación de las víctimas del franquismo, coinciden en que el juez no ha cometido prevaricación y apoyan sin fisuras cualquier acto de solidaridad que se convoque en defensa del magistrado, como el que se desarrollará hoy por la tarde a partir de las 18:30 horas en San Marcos.

Amnistía Internacional es una de las organizaciones que primero relacionó a las víctimas de la etapa franquista con crímines de guerra y de lesa humanidad. Esta entidad condena enérgicamente los «escandalosos cargos presentados contra un destacado juez de instrucción español que está previsto que comparezca ante el Tribunal Supremo en mayo, acusado de prevaricación». Baltasar Garzón comparecerá el mes próximo acusado de no respetar una ley de amnistía de 1977 por haber iniciado la primera investigación realizada en España sobre delitos cometidos en la época de Franco. «Seguimos reivindicando el derecho a que las víctimas sean reparadas, por lo tanto estamos de acuerdo en que se investiguen los crímenes, pero no atentar contra las víctimas», manifestó Cristina Egido, portavoz de AI en León. «Para Amnistía -"añadió Egido-" se está obstaculizando una investigación que debería de haber iniciado el Gobierno. De la misma opinión es el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Santiago Macías tacha de «escandaloso» que el juez que «intentó hacer justicia con las víctimas del franquismo sea el primer imputado en la causa». Le llama la atención que encabece la lista de querellantes Falange, «heredera directa de los que causaron aquellos asesinatos». En declaraciones a Efe, opinó que «prevaricar» es no abrir diligencias cuando aparecen restos humanos con signos de violencia, como contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «algo que hace la inmensa mayoría de los jueces».

Sindicatos. CC.OO. es, junto a UGT, uno de los sindicatos que ha anunciado su apoyo a la concentración solidaria con el juez Baltasar Garzón. En un documento elaborado para la ocasión, la fuerza sindical subraya que «las leyes de amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos». Entre los lemas elegidos para el actos de hoy figura el siguiente: «Para no quedarnos estancados en una transición infinita. Para que la justicia no sea un instumento de los poderosos ni de grupos mafiosos que la usan para legalizar la corrupción. No al fascismo judicial».

La asociación Pozo Grajero, primera en levantar una fosa del franquismo en León, mantiene que «estas situaciones como la del Supremo suceden en países donde no se ha hecho bien la transición ni otras cosas», en palabras de Julián Morante, miembro fundador. En su opinión, «resulta hipócrita que se vaya repartiendo justicia contra jueces que han ido contra dictadores».

Esta asociación sostiene que la única forma de cerrar dignamente este capítulo es dejar que una comisión internacional de derechos humanos investigue los crímenes, «no un juez».