El Gobierno «respeta pero no comparte» la presión sobre el TC del Parlament
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que «respeta pero no comparte» la decisión del Parlamento catalán sobre la renovación del Tribunal Constitucional. El jueves esta Cámara aprobó una iniciativa que pide esta renovación, modificar la ley del TC y que se declare incompetente con el Estatuto de Cataluña.
Reclama impulsar en el Senado una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que impida la prolongación forzosa del mandato de los magistrados que integran este Tribunal en los casos de bloqueo de los procesos de renovación de sus miembros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada sobre estas cuestiones, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno central ya se ha pronunciado sobre el Tribunal Constitucional y «nuestra posición sigue siendo la misma».
Tras indicar que no comparte la decisión del Parlamento catalán, ha agregado que el Tribunal Constitucional tiene «toda la legitimidad» para deliberar sobre el Estatuto de Autonomía y el Gobierno «cree» en el TC, «con independencia de su composición», porque es «una institución muy importante».
A su juicio, desde el punto de vista institucional «su legitimidad es incuestionable, se la da la ley y la Constitución, y debemos respetarlas porque nos ha dado muchos éxitos en democracia».