Garzón defiende las escuchas carcelarias para salvar pruebas

El juez Baltasar Garzón defendió ayer en el Tribunal Supremo su actuación en la investigación que sacó a la luz los entresijos de la red Gürtel. El magistrado compareció ayer como imputado en la tercera de las querellas que el alto tribunal investiga contra él, esta vez por los delitos de prevaricación y vulneración del derecho de la defensa, al haber ordenado intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en prisión.

Garzón declaró al magistrado del Supremo que instruye la causa, Alberto Jorge Barreiro, que su intención no era conocer la estrategia de los letrados con sus clientes sino evitar que éstos ocultaran pruebas, impedir que se perdieran otro material incriminatorio o, directamente, que la red corrupta siguiera delinquiendo en prisión. Según el juez, «era lógico pensar» que los imputados presos necesitarían un enlace para seguir moviendo el dinero negro que depositaron en paraísos fiscales, de ahí que ordenara intervenir las conversaciones de los abogados. El juez precisó que fue escrupuloso cuando dispuso los pinchazos, ateniéndose a los principios de «proporcionalidad y necesidad», porque se trataba de una trama de «gran complejidad». Asimismo, explicó que tenía indicios de que los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, podrían hacer llegar información a sus abogados sobre actividades ilícitas.

Garzón respondió durante cerca de cuatro horas a preguntas del magistrado del Supremo y del fiscal, pero ignoró a los letrados de las acusaciones.

El promotor de la demanda, el abogado José Luis Peláez, señaló que espera que el Supremo haga justicia y criticó al Colegio de Abogados por no sumarse a la querella, pese a haber anunciado que lo iba a hacer, ya que está «en esta causa está en juego los derechos de la profesión», dijo.