El Gobierno frena a quienes piden más tiempo para negociar la reforma laboral

El Gobierno dejó ayer muy claras sus intenciones sobre la reforma laboral. Pase lo que pase en las conversaciones con los grupos parlamentarios, un Consejo de Ministros extraordinario aprobará el próximo miércoles el real decreto-ley que establecerá notables cambios en el mercado de trabajo español. Lo hará sólo unas horas antes de que José Luis Rodríguez Zapatero viaje a Bruselas para presidir el último Consejo Europeo del semestre español, donde quiere presentarse el jueves con los deberes anticrisis -”las principales reformas estructurales-” en marcha o concluidos. El calendario, por tanto, es inamovible.

El Gobierno, a través del ministro de Fomento, José Blanco, informó ayer a los partidos políticos de que sólo tienen 48 horas -”hoy y el martes-” para negociar con el Ejecutivo y el grupo socialista los cambios que quieren introducir en el borrador de reforma laboral que el viernes pasado les remitió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, antes de que el miércoles el texto, basado en el fallido diálogo entre sindicatos y empresarios, se convierta en ley por la vía del decreto. «No hay prórroga, el tiempo es el que hay», zanjó el domingo Blanco, en clara respuesta al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, que sólo unas horas antes había reclamado al menos otra semana para tratar de mejorar el borrador oficial de 41 folios que descalificó como «un churro». El presidente del partido nacionalista catalán, Artur Mas, afirmó ayer que la reforma laboral «es necesaria» pero «hay que hacerla bien» y por lo tanto no dará «un cheque en blanco a Zapatero». Apoyo parlamentario. El Ejecutivo despliega desde la semana pasada una intensa actividad con los partidos políticos, en especial con CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria (CC), pero también con el PP, con el objetivo de obtener una amplio apoyo parlamentario para la reforma laboral, que se plasmaría el próximo día 22 de junio en el pleno del Congreso, cuando la cámara tendrá que ratificar o rechazar el real decreto-ley. El despliegue, que se completará durante el lunes y martes con reuniones directas, ha incluido múltiples contactos telefónicos de ministros e incluso del presidente Rodríguez Zapatero. El objetivo es doble: no volver a tener que transitar por la cuerda floja de la aprobación por la mínima, como ocurrió el 27 de mayo con la sesión de infarto en la que se ratificó el plan de recorte del gasto público, y obtener un apoyo político importante a la reforma que suavice la posible réplica de una huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios.

Sin embargo, pese a sus apuros, el Gobierno no quiere mostrarse débil ni que parezca que está de nuevo en manos de las minorías. «Estamos dispuestos a hablar, a dialogar y acordar, pero no a perder el tiempo», avisó el ministro José Blanco desde Santiago, en presencia de la plana mayor del socialismo gallego. El mensaje oficial es que todos partidos han exigido durante meses una reforma laboral y ahora, que está en discusión, lo que les toca es retratarse.

Blanco abordó el tema con contundencia. Exigió al PP y CiU, los dos partidos que reclamaron estos cambios con más intensidad, que salgan de su ambigüedad negociadora y que pongan «las cartas sobre la mesa y que digan cuál es la reforma que ellos harían».