González recrimina a Zapatero que no haya explicado bien la razón del déficit
El ex presidente del Gobierno niega que la congelación de las pensiones obedezca a la necesidad de ajustar la deuda y cree que la reforma laboral no está bien enfocada
Felipe González y Diego López Garrido participaron ayer en la presentación de un libro.
Apenas dos semanas ha durado el bálsamo que Felipe González aplicó a José Luis Rodríguez Zapatero en la celebración del centenario del grupo parlamentario socialista. El ex presidente del Gobierno reapareció ayer en la presentación del libro La Unión Europea ante los grandes retos del siglo XXI , publicado por la Fundación Alternativas, para dejar caer un reguero de perlas que ponen en cuestión la actuación del Ejecutivo en las últimas semanas. Entre ellas, la de que la reforma laboral debería haberse construido sobre «ejes que no se han enfocado». «El problema no es de empleo -”dijo-” sino de empleabilidad».
Su tesis, según explicó después a la salida del evento, es que habría que haber empezado el proceso «al revés»: haber analizado qué es lo que limita la competitividad de España y cuál es su nivel de productividad por hora y, posteriormente, «deducir» qué sistema de relaciones laborales es necesario aplicar.
Contratos. El caso es que se mostró partidario de un contrato indefinido único, una opción que, en vísperas de la aprobación del decreto, Zapatero discutió seriamente con la Federación de Estudios de Economía Aplicada y el grupo de economistas conocido como «Los 100», pero que terminó descartando por considerarlo -”dicen fuentes gubernamentales-” «teóricamente ideal», pero «difícilmente aplicable a la situación de la que partimos».
Ese tipo de contrato defendido por González fija una indemnización progresiva por despido en función de la antigüedad, que haría casi imposible llegar a las cuantías percibidas en la actualidad.
Pero no es su única discrepancia. El ex jefe del Ejecutivo -”el mismo que soportó tres huelgas generales por modificar el mercado laboral-” también dejó constancia de su desacuerdo con el modo en el que el Gobierno ha regulado los contratos temporales por obra y servicio.
La nueva norma, aún provisional, fija un límite de duración máximo de tres años, ampliables a cuatro. La cota es, a su entender, injustificada porque la única restricción debería ser «causal». «Si yo contrato a una persona para que me haga una obra o un servicio durante tres años y hay esa causalidad ¿por qué el límite va ser dos años o diez meses?», alegó.
Después de haber dicho que, en tiempos de dificultad, se entregaría a la «militancia pura y dura», la locuacidad del hombre que dirigió las riendas del PSOE durante dos décadas le llevó a poner una vez más en entredicho la gestión de su sucesor.