La nueva ley de víctimas del terrorismo une a todos los partidos políticos
Las familias de los fallecidos podrán ser indemnizadas con hasta 500.000 euros
No faltará ni una sola sigla. La proposición de Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo llevará las firmas de todos los grupos parlamentarios. Las víctimas han conseguido lo que pocas cosas logran, unir a todos los partidos y en tiempo récord. Poco más de 72 horas después de que el Ministerio del Interior presentara su borrador del texto tras 18 meses de reuniones con medio centenar de asociaciones, todas las formaciones dieron su respaldo al proyecto, en un acto de unanimidad parlamentaria desconocido en los últimos tiempos
La nueva norma, que sustituirá a la ley del 1999, había sido una promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero en la primera legislatura. El proyecto, sin embargo, se aparcó entonces, habida cuenta de los duros enfrentamientos que mantenía el Gobierno, y el entonces comisionado para las víctimas, Gregorio Peces-Barba, con la principal asociación de damnificados, la AVT, a cuenta de la negociación con ETA.
Los máximos de la Administración. Los máximos serán, entre otros, 500.000 euros por fallecimiento, 750.000 por gran invalidez o 300.000 por incapacidad permanente. Si la sentencia estableciese cantidades superiores como compensación la víctima podrá ejercer las acciones civiles que crea convenientes, pero la Administración ya no cubrirá esa diferencia, como ocurre hasta ahora. Así fue como ocurrió en el 11-M. El fallo otorgó 900.000 euros a cada una de las familias de las 191 víctimas mortales y el Estado pagó esa cantidad por completo
Mínimo de 250.000. En el otro extremo, están las sentencias de ese mismo tribunal que han valorado en 120.000 la indemnización por el asesinato terrorista. La ley establece que el mínimo que, a partir de ahora, cobrarán esas familias será de 250.000 euros. Medio millón de euros, como mínimo, en el caso de gran invalidez o 180.000 para las incapacidades permanentes absolutas.
Al tener efectos retroactivos, todas aquellas víctimas que percibieron menos de esas cantidades -”algo habitual en los años ochenta-” podrán reclamar la diferencia ahora.