La resolución puede tener consecuencias en otros textos
Los partidos catalanes llevan casi cuatro años repitiendo un mismo reproche: «El PP ha recurrido artículos del Estatut que, sin embargo, ha apoyado en otros estatutos como el andaluz o el valenciano».
El fallo del Tribunal Constitucional, que anula 14 artículos del texto catalán, puede confirmar o desterrar esta teoría. En Sevilla y Valencia comienzan a preocuparse, sobre todo tras conocer que Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, aseguró ayer que «lógicamente» la decisión del Constitucional afectará a aquellas comunidades autónomas que hubiesen aprobado reformas estatutarias con puntos semejantes a los ahora declarados ilegales.
Una comparativa entre los estatutos catalán, valenciano y andaluz pone en evidencia que, efectivamente, hay preceptos casi calcados en las tres normas básicas autonómicas.
El Gobierno valenciano, además, ha anunciado que quiere ejercitar la denominada «cláusula Camps» para igualar en competencias a su Estatuto con el de Cataluña en aquellos artículos que hayan sido validados por el Constitucional. La controversia estatutaria está pues servida.
1397124194 Informe. Los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Antoni Bayona y Jaume Galofré integran el trío de expertos que, por encargo del presidente de la Generalitat, José Montilla, realizará un primer informe sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.
En la tarde de ayer se celebró la primera reunión del grupo de expertos y políticos que deben estudiar cómo afecta el fallo del Tribunal Constitucional al Estatut y su desarrollo, informó la Generalitat.
En la reunión de ayer, juristas y políticos constataron la dificultad de hacer un análisis hasta que no se disponga del texto íntegro de la sentencia, concretamente los fundamentos jurídicos de la misma, lo que podría conocerse la semana que viene.
En cuanto se disponga de esta información, se efectuará un primer análisis técnico-jurídico de la sentencia. Después, el grupo de expertos y un conjunto de políticos, que participaron en la elaboración del nuevo Estatut, hará una evaluación conjunta para elaborar el informe definitivo una vez conocida la sentencia del Constitucional sobre el Estatut.