La inversión de 500 millones en los 14 parques eólicos de Omaña ya sólo depende de los jueces

La Dirección General de Industria y Minas de Castilla y León teme que la iniciativa ecologista que mantiene recurridos en diferentes juzgados y tribunales hasta 14 parques eólicos de Omaña y La Cepeda suponga la paralización de inversiones por valor de 500 millones de euros y la pérdida de 80 empleos directos. El titular de este departamento, Ricardo González Mantero, avanzó a este periódico que, ahora que Castilla y León ha logrado garantizar casi todo su negocio eólico, sólo los jueces y magistrados pueden bloquear la puesta en marcha de una red de aerogeneradores que prevé aportar 400 megavatios de potencia al sistema eléctrico.

Mantero, satisfecho por las últimas sentencias que en su opinión descartan que su departamento ha fragmentado los proyectos para evadir la normativa ambiental y eléctrica, subrayó su especial «preocupación» por los matices introducidos en el último auto de medidas cautelares dictado por el TSJ contra uno de estos parques, en el que se determina que estas infraestructuras no sólo no pueden instalarse dentro de territorios protegidos, sino que también están limitadas en el entorno de estas áreas, algo totalmente nuevo que los jueces podrían empezar a aplicar al resto de parques eólicos ya construidos o autorizados en Omaña y La Cepeda. De ser así, el negocio quedaría paralizado.

Referente mundial. «Si hay zonas protegidas me parece bien, pero limitémonos a esas zonas, no vayamos a proteger también el territorio que no está protegido porque entonces al final no haremos nada», aseguró González Mantero. «La preocupación -"añadió-" es que pudiendo ser líderes en una tecnología a nivel mundial, tengamos problemas para que esa tecnología se establezca aquí». En tal sentido, advirtió que la regulación ambiental de Europa «puede causar bastantes problemas de competitividad» a Castilla y León respecto al resto del mundo, «por lo que en un momento de crisis económica habría que ser más coherentes», manifestó en relación a las constantes actuaciones de las ONG del medio ambiente.

El negocio eólico de Omaña y La Cepeda, condicionado por tanto a las resoluciones judicales que se emitan en los próximos meses, quedaría tambaleado de continuar la doctrina que los jueces vienen aplicando en sus últimos dictámenes, todos ellos concordantes a la hora de censurar la evaluación de impacto ambiental realizada por la Delegación Territorial de la Junta en León. Mantero recordó que no sólo se paralizaría el negocio sobre el recurso energético en sí, sino que otras muchas empresas asentadas en Castilla y León se nutren indirectamente de la construcción de parques eólicos, caso de las fábricas de componentes o de apoyos eléctricos, los empleos generados en operación y mantenimiento o el sector de la ingeniería. Según los datos que maneja la Junta, el 70% del valor de un aerogenerador más la obra civil quedan en empresas de la comunidad. «Es un sector importante que no podemos permitirnos el lujo de que se nos vaya», aseveró González Mantero.