El Gobierno respalda que Cataluña sea una nación en términos «políticos»
Rosa Díez, a la cabeza de las críticas al Ejecutivo, acusa a Zapatero de «pactar un nuevo modelo territorial con partidos políticos que no creen en el Estado español»
Zapatero, De la Vega y Salgado, ayer durante la segunda jornada del Debate.
Nada ha cambiado desde que el presidente del Gobierno dijo en el Senado, hace ya cuatro años, que el concepto de nación es «discutido y discutible». José Luis Rodríguez Zapatero defendió ayer en el Congreso que la polémica sentencia del TC ha venido a darle la razón en sus argumentos y que, en términos «políticos, sociológicos o históricos», cabe considerar a Cataluña como una nación. El jefe del Ejecutivo salió así al paso de dos jornadas de críticas continuas a su actuación en este terreno. Si el miércoles fueron las fuerzas políticas catalanas, CiU y ERC, las que más avivaron el fuego, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nación la voz cantante, de signo opuesto, correspondió a la portavoz de UPyD, Rosa Díez. La diputada acusó a Zapatero de haber tirado por la borda todo el esfuerzo de «consenso» llevado a cabo en el arranque de la democracia. «Lo ha hecho porque decidió protagonizar una segunda transición, pactando un nuevo modelo territorial con partidos políticos que no creen en el Estado español».
Manifestación de Barcelona. Díez reprochó, además, a los socialistas que hayan contemplado con pasividad e incluso empatía la manifestación celebrada el pasado sábado en Barcelona contra la sentencia del Constitucional, una marcha encabezada por el presidente de la Generalitat y líder del PSC, José Montilla. «¿Se imagina usted a Obama avalando al gobernador de un Estado que llama al desacato de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos?», reprochó. La respuesta de Zapatero no tardó en llegar. Es habitual que emplee un tono menos cordial con la ex dirigente socialista. Con cierto desdén, tachó de «excesivo» que quien tiene un único diputado pretenda erigirse en intérprete de la voluntad de todos los españoles para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno. Pero, sobre todo, se justificó por su actitud hacia las demandas soberanistas de buena parte de los partidos catalanes y arguyó que es su obligación tratar de buscar fórmulas para que todo el mundo se sienta «vinculado» en el «proyecto común».