Pedraz ordena encarcelar a los soldados que mataron a Couso
El CNI buscará en EE.UU. a los soldados que dispararon al cámara en Irak
Imagen de archivo de las protestas para exigir una investigación del suceso.
Código Rojo. Orden internacional de búsqueda y captura «a efectos de extradición». El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no está dispuesto a perder el tiempo en el caso Couso. Un día después de recibir el texto íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo que le ordena reabrir el sumario por el asesinato del cámara español de Telecinco José Couso en el Hotel Palestina de Bagdad, el 8 de abril del 2003, el magistrado ordenó la captura de los tres militares estadounidenses que formaban la cadena de mando del carro blindado que disparó contra el establecimiento hostelero.
Pedraz, en un auto y en un providencia conocidas ayer, vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. Les acusa formalmente de un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio. El magistrado asegura que hay existen «motivos bastantes para creer responsables criminalmente» a los tres soldados de un «ataque a población», con el resultado de la muerte de Couso, durante un «acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ahora con el amparo por segunda vez del Supremo, quiere ir todavía más lejos en la investigación que sus superiores del tribunal le prohibieron por tres veces. Pedraz, además de reactivar las imputaciones, pide autorización al Consejo General del Poder Judicial para poder viajar el próximo otoño a la capital iraquí para hacer una inspección ocular sobre el terreno y comprobar desde dónde disparó el carro armado y dónde se encontraba el cámara asesinado.
El juez está dispuesto a movilizar a todos los servicios del Estado para conseguir la más que improbable extradición de los tres militares, que no logró cuando en enero del 2008 ya les imputó por primera vez, imputación que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó. Por ello, Santiago Pedraz ordena a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que practiquen «las gestiones oportunas» para saber dónde están los tres militares.