Cada vivienda deberá abonar unos 40 euros para costear la inspección técnica obligatoria

La nueva Ley de Vivienda elaborada por la Junta de Castilla y León, y que verá la luz próximamente, dedica un apartado especial a la rehabilitación de edificios. Se trata de poner en valor aquellos inmuebles antiguos que llenan las ciudades de la comunidad a través de una inspección técnica similar a que se lleva a cabo con los vehículos. En la provincia de León, deberán pasar este examen hasta 33.700 edificios, 22.843 de ellos en la capital y 10.913 en Ponferrada.

Serán los propietarios quienes deberán correr con los gastos de una inspección que tendrá un coste aproximado de 40 euros por vivienda, aunque el precio podrá oscilar entre los 25 de mínima y los 75 euros de máxima. Sin embargo, la propia ley contemplará una linea de subvenciones a las que podrán optar los propietarios y que cubrirá entre el 20 y el 30% del coste total del proceso de revisión. Esas ayudas habrán de añadirse a aquellas que la propia Consejería de Fomento otorga ya a las obras de rehabilitación a través de las Ayudas a la Vivienda de la Junta.

Y como toda normativa, el no cumplimiento de lo contemplado por la ley, es decir, la inspección y los arreglos mínimos que ésta exija, supondrá la correspondiente sanción económica, aunque la Junta aún no ha establecido las mnultas a aplicar, por lo que habrá que esperar a que se apruebe el nuevo texto en las Cortes de Castilla y León el próximo 24 de agosto.

Aún no se conoce cómo regulará la consejería el proceso de inspección, pero atendiendo a lo que se lleva a cabo en otras comunidades, arquitectos y aparejadores serán quienes supervisen esos exámenes a los edificios más antiguos, comenzando por aquellos que superan los 40 años. Expertos en descubrir las afecciones de los inmuebles y sus remedios, como los que conforman Cité 'Calidad e Inspección Técnica', una de las empresas que llevará a cabo esta labor en la comunidad.

«Es el propio edificio el que te dice dónde le duele y qué le está pasando». De esta forma tan gráfica María Jesús Llanos, arquitecta y directora ejecutiva de la empresa, describe el trabajo que llevan a cabo en los inmuebles a inspeccionar. El proceso es sencillo: un arquitecto o un aparejador visitan el edificio en cuestión; tras un primer contacto visual por el exterior, comienza el examen a las entrañas de la vivienda. Saber cómo se encuentran las instalaciones de luz o gas, o cómo se mantienen los cimientos son pasos fundamentales que les llevarán a establecer unos mínimos que el propietario deberá acometer para obtener el criterio favorable de los expertos. «El mayor problema en los edificios antiguos suele ser la falta de ventilación y el mal estado de las instalaciones», señala Llanos, que insiste en la necesidad de practicar un mantenimiento activo, es decir, «llevar a cabo poco a poco las obras de mejora que necesita un edificio, para luego no tener que acometer grandes obras». De hecho, calculan que ese trabajo paulatino a la hora de mantener un edificio puede suponer hasta un 40% de ahorro en el coste del mantenimiento del inmueble.

Tras la inspección y la realización de las obras, tal y como ocurriría en el caso de las inspecciones técnicas de vehículos, la vivienda obtendría la garantía de habilitabilidad y carencia de desperfectos, con lo que habría aprobado la ITV.

Pero estas ITV a edificios que, por otra parte, deberán pasar también los inmuebles de las administraciones, no sólo beneficiará al parque de viviendas de las ciudades de más de 20.000 habitantes, sino que persigue además la revitalización del sector de la construcción, uno de los principales paganos de la crisis. De hecho, la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Confederación Castellana y Leonesa de la Construcción, prevén poner en marcha cursos de reciclaje para el sector, de forma que se mantenga y fomente el empleo.