El carbón exige un plan de financiación hasta que vuelva a facturar a las eléctricas

Las empresas mineras exigen al Gobierno que respalde un plan de financiación que les permita atender sus pagos (tanto de nóminas como de créditos) hasta que puedan facturar con normalidad a las eléctricas sus producciones de carbón, lo que en el mejor de los casos no se producirá hasta finales de noviembre. Así lo propuso ayer el presidente de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso, a la viceconsejera de Economía de Castilla y León, Begoña Hernández, y al consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, durante una reunión que mantuvieron en la capital asturiana. Un encuentro que tiene por objeto coordinar actuaciones para llevar a los comisarios europeos «una opinión favorable» sobre la necesidad de mantener las ayudas al carbón, así como la urgencia de que el Colegio de Comisarios apruebe el Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro en su reunión de mediados de septiembre.

Desde Carbunión se reclama «con carácter inmediato» el pago por parte del almacenamiento estratégico temporal en Hunosa de un mes de producción, y de otro mes y medio en breve plazo. En total, unos 150 millones de euros que permitirían a las empresas hacer frente a sus nóminas y obligaciones de los meses de julio y agosto.

En cualquier caso, la patronal recuerda que su déficit actual, después de no facturar su producción desde febrero, supera los 300 millones de euros para el conjunto de las empresas privadas del país. Por eso reclama al Gobierno que respalde una línea de crédito que les permita cumplir con sus acreedores. «Si se aprueba el real decreto, habría que instrumentar herramientas para que se adelanten las facturaciones pendientes, respaldadas por la garantía ya de que la producción se va a comprar», explican los responsables de Carbunión.

Los empresarios rechazan la compra de carbón aprobada la pasada semana por el Gobierno, porque «ni es realista ni cubre las necesidades del sector». Exigen, en cambio, establecer mecanismos para atender los pagos hasta que se apruebe el real decreto; y después del visto bueno de Bruselas anticipar la facturación de las eléctricas o establecer mecanismos de descuento bancarios.