Convulsión en las cuencas | Lucha en todos los frentes
Los empresarios advierten de que el Gobierno los empuja al cierre de las minas
«No hay dinero para pagar los sueldos, devolver las ayudas supondría el fin», asegura el grupo Alonso
Los mineros asturianos en la marcha de ayer
A pocas horas del inicio de la segunda Marcha Negra y de la huelga indefinida de los mineros de los grupos Victorino Alonso y Viloria, crece la tensión entre las empresas y el Gobierno en una espiral que aleja cualquier atisbo de acuerdo entre ambas partes. El anuncio el sábado del Ministerio de Industria de que había ya remitido a estas dos compañías leonesas un requerimiento para que pagaran los salarios adeudados a sus trabajadores, porque de lo contrario deberían devolver las ayudas, ha soliviantado aún más a los empresarios.
Fuentes del grupo Victorino Alonso acusaron ayer directamente al Gobierno de no «querer resolver el problema» y de abrir la entrada a «un camino sin retorno, porque devolver las ayudas supondría cerrar las minas». Además, reiteraron, una vez más, que no pueden afrontar el pago de los sueldos de los mineros. «No hay dinero para pagar; nos van a obligar al cierre en este callejón sin salida al que nos empujan», resaltaron. Ante el requerimiento remitido por el Ministerio de Industria, la empresa aseguró: «Estamos muy tranquilos, nuestras cuentas son muy transparentes». Se mostró convencida, además, de que se trata de una estrategia del Gobierno para ganar tiempo. «Ponen a los empresarios en el ojo del huracán para hacer ver ante la opinión pública que son los responsables de esta situación para esconder en realidad la incompetencia del Ministerio de Industria».
Desde el grupo Alonso, por enésima vez esta semana, recordaron también que la empresa lleva seis meses sin recibir un euro por la venta de carbón, haciendo alusión a la obligatoriedad del Estado de comprar el mineral, si no lo hacen las eléctricas, según lo acordado en el Plan del Carbón.
Respecto a la devolución de las ayudas, estas fuentes enfatizaron que su concesión está regulada por diversas normativas y «es imposible que ahora las pidan; es un acto típico de un déspota como el ministro de Industria». El déficit del grupo sobrepasa en estos momentos los 92 millones de euros y, de no aprobarse el real decreto de forma inminente, sumará 35 millones más cada mes hasta final de año.
Por su parte, el responsable de la otra empresa en pugna con Industria (el grupo Viloria), Manuel Lamelas Viloria, declinó ayer valorar para este periódico la amenaza de Industria. «No piensan ni en los mineros, ni el Bierzo; no tengo nada que comentarles porque hacen más daño que beneficio».
