Un mínimo de 756 euros mensuales

La decisión de Ana Guada y María José Alonso las coloca en una indefinición de derechos. Un vacío ante el que el equipo de gobierno ha decidido encargar un informe a la Secretaría Municipal para que delimite en qué órganos pueden estar, lo que resolverá sus retribuciones económicas, como confirmó ayer el concejal de Personal y Régimen Interior, Ibán García del Blanco. Las dos ediles empezaron el mandato con dedicación exclusiva -"47.316 euros brutos al año-" y, en enero del 2009, tras ser destituidas como portavoz y viceportavoz, respectivamente, se quedaron con media dedicación -"22.475 euros brutos al año, una vez aplicada la rebaja del Gobierno-". A partir de este mes, tras la solicitud de su grupo municipal, Guada iba a perder su sueldo fijo y quedaba al albur de las comisiones a las que asistiera, mientras que Alonso no había sido advertida, dado que no suscribió de manera pública las críticas y la petición de dimisión de Cayón.

La situación será bien diferente, una vez que se apruebe en el Pleno de este mes el cambio de situación. A la espera del informe de la Secretaría, el SAyuntamiento de León cuenta con un precente cercano: en julio del 2004, la salida de José María Rodríguez de Francisco y Covadonga Soto de la UPL derivó en la decisión del alcalde, Francisco Fernández, de retirarles el estatus que tenían. El informe que se elaboró entonces afianzó que «los miembros de las corporaciones locales que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, tendrán la consideración de miembros no adscritos», cuyos «derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el Reglamento Orgánico de cada Corporación». Ante la falta de «legislación autonómica reguladora de esta materia, ni reglamento orgánico municipal que incida sobre la misma, el alcance de los derechos políticos de los miembros no adscritos será el que fije el Pleno», según el informe. En este limbo, se concedió a los dos ex concejales leonesistas participación en «cuatro de las once comisiones informativas», a su elección cuáles, y en el Pleno, además de «un local en el Ayuntamiento para que trabajen»; mientras que se les privó de «las dotaciones fijas y variables previstas para los grupos políticos», la asistencia a la junta de portavoces y a la comisión de control y la representación en las mancomunidades y empresas mixtas.

La aplicación no puede ser calcada en el caso de Guada y Alonso, dado que en este mandato las comisiones informativas son 8 y no 11, como en el 2004. Si se mantiene el límite de 4, percibirían 138 euros por cada asistencia a estas reuniones, además de los 204 euros que percibe cada edil sin dedicación excluciva o parcial por ir al Pleno. Los ingresos de las dos ex concejalas del PP -"con 12 pagas, no 14, y sin cotización a la Seguridad Social-" rondaría un mínimo de 756 euros si suman cuatro comisiones, aunque algunas comisiones informativas se reúnen más de una vez al mes.

Aunque todo depende de la decisión que tome el equipo de gobierno en este caso.