La Junta recorta el presupuesto la mitad de lo previsto y lo cierra en 10.045 millones

La Junta de Castilla y León gestionará el próximo ejercicio un presupuesto de 10.045 millones de euros, el 5% menos que el vigente del 2010, con lo que las cuentas públicas autonómicas caen por segundo año consecutivo -"530 millones-" lastradas por la crisis económica, pero la mitad menos de lo previsto en el debate del estado de la Autonomía, cifrado entonces en los mil millones.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, presentó ayer unas cuentas cuya filosofía resume con los términos «restrictivo» y «austero».

Herrera basó su previsión de recorte inicial de 1.000 millones de euros, con 483 millones menos de deuda y 500 de rebaja del nuevo modelo por la merma de ingresos tributarios y la devolución de las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2008, bajo esas premisas. Sin embargo, precisó que los ingresos tributarios previstos por el Gobierno se elevarán un 44%, lo que supone que «ha fallado radicalmente la previsión de ingresos del modelo de financiación» a través de los instrumentos de solidaridad.

Así adoptó tres decisiones que han supuesto mejorar en casi 500 millones sus malos augurios iniciales, que pasan por incorporar a las cuentas los 211 millones a los que «tiene derecho» Castilla y León del Fondo de Cooperación. Unas partidas que pedirán si es necesario en los tribunales, al no entender que el Gobierno los elimine como compensación a las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de 2009, que aún no se conocen. Hacienda les ha permitido computar los 88 millones de la primera devolución de la liquidación negativa de 2008 como ingresos de endeudamiento sin incurrir en déficit. Por último, indicó que se incorporan 97 millones al Capítulo VIII, como créditos reembolsables, que supone un endeudamiento que tampoco incurre en déficit.

Las «dos prioridades» marcadas por Herrera al diseñar estas cuentas públicas tienen que ver con la «garantía de la prestación de los servicios públicos» -"sanidad, educación y servicios sociales-" como «esencia del modelo autonómico» y mantener la iniciativa para que el crecimiento económico favorezca la creación de empleo. La Junta de Castilla y León vincula la caída del presupuesto con dos circunstancias: la Comunidad autónoma recibirá 561,3 millones de euros menos que en 2010 procedentes del modelo de financiación autonómica y la reducción del límite de endeudamiento fijado por el Estado, que era del 2,4% del PIB para el presente ejercicio y que en 2011 será del 1,3% del PIB.

En cuanto al límite de endeudamiento, Herrera ha detallado que la emisión de deuda pública nueva en 2011 tendrá una cuantía de 747,4 millones de euros-"la mitad que en el 2010-" y esta circunstancia es la que arrastra a la inversión, que caerá el 21%, hasta alcanzar los 1.535 millones (consejerías y empresas públicas), ya que el endeudamiento de las autonomías está ligado a su uso para inversiones productivas.

La duda de la Comunidad autónoma se centra, también en el apartado de los ingresos, en la estimación realizada por el Gobierno central acerca de los fondos procedentes de los impuestos que pagarán los ciudadanos en 2011 y que, en el caso de Castilla y León, se incrementarán el 50% en el caso del Impuesto sobre la Renta y del 85% del IVA.

En el apartado fiscal, el presidente ha defendido la decisión de la Junta de Castilla y León de no incrementar los impuestos por la vía del IRPF que le corresponde a la Comunidad autónoma y, al contrario, aumentar la cartera de beneficios fiscales para el año próximo, entre los que destaca la deducción del 15 % de la cuantía facturada como consecuencia de una obra realizada en la vivienda del contribuyente.

Servicios públicos. Las grandes cifras incluyen 404,8 millones para las entidades locales, 119,7 millones para la cooperación general a través del fondo de cooperación y el pacto local, y 285,07 millones (un 19,96% menos), para apoyo sectorial. En esta última materia, el gasto corriente baja un 2,94% y las inversiones, un 26,57%, con 66,5 millones para formación y empleo, 37,7 millones par vivienda y urbanismo, 121,1 millones para servicios sociales y promoción, y 18,5 millones para infraestructuras.

En matera de empleo, la Consejería de Economía dispondrá de 311 millones para su fomento, y la de Familia, 1,2 millones.

El ECyL destinará 222 millones para el desarrollo de las políticas de empleo, 15 menos que este año, que se compensarán a través del plan de apoyo a los municipios, de Interior y Justicia.