El documento exige que Bruselas mantenga todos los tipos de ayudas vigentes ahora
Julián Sánchez, Arturo Aliaga, Tomás Villanueva y Graciano Torre, ayer tras la firma del documento.
El Documento de bases para una nueva regulación de las ayudas específicas a la industria del carbón a partir del 1 de enero del 2011, firmado ayer en Valladolid por el vicepresidente económico de Castilla y León, Tomás Villanueva, el consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, Graciano Torre, el consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez, exige que la nueva regulación comunitaria recoja todos los tipos de ayudas al carbón vigentes en la actualidad.
El documento, que suscriben también la Junta de Andalucía y las patronales del carbón de España y Alemania, fue definido por el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León como «una postura común y responsable de apoyo al Gobierno de España». Tomás Villanueva se lamentó tras la firma del manifiesto de que de nuevo se haya colocado al sector en «una situación crítica», algo que «nos preocupa, y también nos ocupa».
El documento recuerda la importancia socioeconómica de la industria relacionada con el carbón, y justifica en la elevada dependencia energética del exterior de los países de la UE la necesidad de mantener la actividad minera. Y con ella el acceso a las reservas de energía autóctonas, tal y como recoge la normativa comunitaria.
La propuesta de las comunidades exige también que la nueva normativa no condicione las ayudas al funcionamiento a un plan de cierre, sino a la garantía al acceso a las reservas. La propuesta que se presenta para el nuevo reglamento contempla la concesión de ayudas al funcionamiento en un marco con una vigencia de más de diez años; y reclama que no estipule una regresividad de las ayudas.
También explica que al no existir apenas mercado intracomunitario del carbón la diversidad de situación del sector en los distintos países no presenta problemas por el hecho de que cada uno opte por las ayudas que considere más adecuadas. «Un reglamento que contemple el acceso a las reservas autóctonas de carbón no incentiva un mayor uso del carbón ni mayores emisiones, sino que garantiza la posibilidad de sustituir carbón importado procedente de suministradores poco fiables por carbón autóctono, más seguro», señala el documento.