Herrera: «Lo que han hecho las eléctricas es un acto de hostilidad que no olvidaremos»
El presidente recuerda que las empresas cobran en ayudas por la eólica 20 veces más que el carbón
Juan Vicente Herrera advirtió a las eléctricas de que sus recursos tendrán respuesta
Los recursos presentados por Ibredrola, Endesa y Gas Natural Fenosa en las instancias judiciales españolas y europeas contra el real decreto de incentivos al consumo de carbón nacional son «un acto de hostilidad que no olvidaremos». Con rotundidad se manifestó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en una declaración institucional antes de la presentación de un documento marco de bases para el nuevo reglamento del carbón. El documento fue firmado ayer en Valladolid por los responsables de política energética de Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón; y a él se suman también la comunidad andaluza y los presidentes de las patronales del carbón de España y Alemania.
Juan Vicente Herrera fue claro y contundente en su advertencia a las empresas eléctricas de que la batalla judicial emprendida tendrá consecuencias en los intereses de estas compañías en las comunidades autónomas afectadas por la crisis del carbón. El presidente insistió en el apoyo de las autonomías al Gobierno central, pero también exigió al Ejecutivo de Zapatero que «reclame a los responsables de los incumplimientos que se produzcan sobre las consecuencias que se deriven de sus actuaciones».
«Que sean las empresas eléctricas las que recurran el real decreto y no acepten sus desarrollos legales es un acto de hostilidad y de enemistad, de falta de compromiso, que no podemos entender. No lo entendemos en clave económica, pero menos contra una actividad que para su viabilidad requiere de las ayudas públicas». El presidente recordó que mientras los incentivos al carbón aprobados por el Gobierno suponen un desembolso de unos 300 millones de euros, las compañías eléctricas perciben subvenciones mucho más abultadas por los negocios en las energías renovables, en las que las eléctricas denunciantes son los principales inversores. «Estas compañías son los principales productores, y sólo en la eólica reciben 20 veces más que las ayudas que tendrá el carbón, en concreto reciben ayudas públicas por más de 6.000 millones de euros. Es un contrasentido que ante este reparto de los recursos públicos se ponga en cuestión el futuro del carbón».
También recordó Herrera que son precisamente las tres eléctricas denunciantes las que producen en las cuatro térmicas de carbón de la comunidad (tres de ellas en León), y denunció que «las empresas no se hayan puesto en ningún momento en contacto con el Gobierno autonómico para expresar su rechazo o sus explicaciones; ni tampoco para escuchar los problemas sociales que generan con su actitud».
En su declaración institucional Herrera hizo hincapié en el «apoyo al Gobierno de todos, independientemente de las discrepancias que podamos tener en otras cuestiones»; y recordó que las comunidades afectadas por la crisis minera ocupan «la mayor parte del territorio de España». Repasó los contactos e iniciativas que la comunidad ha desarrollado desde comienzos de año para abogar por una prolongación del Reglamento europeo de ayudas al carbón, que concluye el próximo 31 de diciembre, y se refirió a la intensificación del trabajo y la colaboración con otras autonomías desde que el pasado mes de julio los comisarios de la Comisión Europea anunciaran su intención de no prolongar las ayudas más allá del 2014, y siempre que estas fueran ligadas al cierre de las explotaciones no rentables.
Un límite temporal que el documento firmado ayer rechaza. «El nuevo reglamento debe insistir en un marco estable con un horizonte de al menos diez años, y en todo caso preservar el derecho a mantener la reserva estratégica de energía autóctona».
Por último, el presidente autonómico exigió al Gobierno que «dote al país de un mix energético que reconozca de forma estable y consensuada, en clave de futuro, la participación de las distintas fuentes de energía en la generación. Y el carbón no puede quedar fuera, porque las autonomías productoras hemos hecho históricamente un esfuerzo que no es justo olvidar ahora, condenando al ostracismo a las comarcas afectadas».