España reacciona con una queja a los insultos del embajador venezolano

El Gobierno ha trasladado a Venezuela su «profundo malestar». A eso se reduce de momento la respuesta del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero al agravioso comunicado difundido por la embajada del país caribeño en la madrugada de ayer. En el texto se acusa al Ejecutivo socialista de «cobardía política» y a la prensa española de practicar el «terrorismo psicológico» y, de paso, se echa una cortina de humo sobre la solicitud de extradición del etarra Arturo Cubillas, acordada hace dos semanas por el Consejo de Ministros, y de la que el escrito no dice ni una coma.

A pesar de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó el martes que la petición no le ha sido comunicada formalmente, fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que ya ha sido cursada. Ahora bien admiten que ni ha habido respuesta ni la esperan pronto. Ya sucedió algo parecido cuando en febrero el juez Eloy Velasco dictó una orden de busca y captura contra Cubillas, empleado de la Administración venezolana y nacional de aquel país por su matrimonio con la periodista Goizeder Odriozola. Nunca más se supo de la búsqueda ni de la captura. La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la supuesta participación de Cubillas en el adiestramiento conjunto de etarras y miembros de las FARC en la selva venezolana ha estado jalonada de agitados pronunciamientos por parte del Gobierno de Hugo Chávez y una absoluta falta de colaboración judicial y policial. Pero hasta ahora el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a los exabruptos en pro de una buena relación diplomática que facilite, en última instancia, la cooperación. Incluso quitó hierro al asunto cuando el embajador venezolano en Madrid lanzó la especie de que las declaraciones que apuntan a la culpabilidad del funcionario de origen vasco podían haber sido obtenidas bajo tortura.

Esta vez, el vicepresidente Rubalcaba, tachó de «inaceptables e injustificables» los ataques vertidos contra él mismo, y contra los ministros de Asuntos Exteriores y Justicia, Trinidad Jiménez y Francisco Caamaño, pero no anunció ningún tipo de actuación adicional a la queja trasladada a Caracas.