Zapatero aplaza la ley de libertad religiosa a la espera de lograr consenso

José Luis Rodríguez Zapatero dio ayer la puntilla definitiva a la reforma de ley de libertad religiosa, una de las promesas estrella de su campaña para las generales del 2008. El presidente del Gobierno defendió en el Congreso que se trata de una iniciativa «sumamente conveniente para la convivencia democrática» pero en absoluto «urgente».

Aquellos que en el PSOE clamaban por rescatarla del cajón en el que había quedado abandonada por culpa -”según se decía oficialmente-” de la crisis económica tendrán que tirar la toalla. Ahora el argumento no es ya que un debate tan polémico como este resulte inoportuno cuando la preocupación principal del país está en las cifras del paro, sino que no existe «consenso» suficiente como para sacarla adelante.

Incluso entre los laicistas más beligerantes del partido se respiraba ayer cierta resignación. Sostienen que en este caso no sería posible alcanzar una mayoría como la que permitió aprobar la nueva ley del aborto; un proyecto que, en cambio, no aparecía en el programa electoral socialista.

Las fuerzas de la cámara situadas a la izquierda del espectro político, dicen, querrían ir más lejos de lo que está dispuesto a llegar el Ejecutivo y revisar los acuerdos con la Santa Sede. Y tanto CiU (con una fuerte corriente democristiana) como el PNV, ahora socio estable del Gobierno, rechazarían secundar al PSOE en algo difícil de entender por sus simpatizantes.

Lo que en origen pretendían los socialistas era garantizar la neutralidad de las instituciones frente a las distintas confesiones religiosas y ahondar en la laicidad del Estado de modo que, por ejemplo, se excluyeran de los espacios públicos los símbolos religiosos. Pero siempre dentro del respeto a la atención especial que, según la Constitución, debe tener el Estado hacia la religión católica como creencia mayoritaria en el país.

Zapatero se refirió en la sesión de control al Gobierno a la ley de libertad religiosa como consecuencia de una pregunta del portavoz de ERC, Joan Ridao, que le reclamó que aclarase el aplazamiento, a la vez que recordó que la actual norma data del año 1980, por lo que defendió que requiere una actualización.

Zapatero aseguró que en España la «libertad religiosa se ejerce sin ningún problema, no hay discriminación alguna por pertenecer a una confesión religiosa» y el principio de aconfesionalidad funciona con normalidad.

El portavoz de ERC en el Congreso contestó a Zapatero que resulta paradójico que al mismo tiempo que renuncia a su «agenda laicista para no pasar por anticlerical» venga el Papa a España y «desde las alturas le haga responsable de un laicismo trasnochado que evoca casi la quema de iglesias de los años treinta».

Aprovechó también para criticar las palabras de Benedicto XVII, que reflejan, ha dicho, no sólo el desconocimiento de la España actual, sino también la «nula autocrítica» de la Iglesia católica en relación a sus posiciones con el matrimonio homosexual, el uso del preservativo o el aborto.