Todos los grupos del Senado, excepto el socialista, condenan a Marruecos

El PSOE comprobó ha eren el Senado que está más solo que nunca por culpa de la respuesta del Gobierno a la actuación de Marruecos en El Aaiún. Todos los grupos de la cámara alta, salvo el socialista, condenaron la actuación de las autoridades de Rabat tras reunirse con representantes del Frente Polisario. Una situación que volverá a repetirse el 30 de noviembre en el Congreso, cuando se vote una moción en ese mismo sentido presentada por IU-Iniciativa per Catalunya. El Gobierno, sin embargo, no piensa modificar su línea de prudencia hasta que tenga todos los elementos de juicio sobre los sucesos que sucedieron hace diez días en el campamento saharaui.

Uno tras otro los portavoces de los grupos parlamentarios en el Senado condenaron la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, denunciaron la violación de los derechos humanos y exigieron al país magrebí que permita la entrada de medios informativos españoles en El Aaiún. Los únicos que no se pronunciaron fueron los socialistas José Carracao y el senador del PSC Josep María de Puig, que aunque asistieron a la reunión con los representantes del Polisario declinaron sumarse a la condena en sintonía con la postura gubernamental.

El PP, en palabras del senador Alejandro Muñoz Alonso, consideró que no hay que esperar más para adoptar una postura más decidida frente a Marruecos. Es evidente, dijo, que en el desalojo de las jaimas de Gdeim Izik hubo «una gravísima violación de los derechos humanos» porque si bien es verdad que falta «muchísima información» para hacerse una composición de lugar completa sobre lo sucedido, con lo que se sabe es «suficiente» para tener la certeza de que se vulneraron derechos fundamentales.

El senador del PNV Iñaki Anasagasti reprochó al Gobierno que se empeñe en «demostrar lo evidente para condenar» cuando hay datos más que suficientes. En la misma línea desde CiU, Joan María Roig repudió los sucesos en el campamento, pero reclamó que se abra una investigación para saber qué ocurrió. El republicano Miquel Bofill negó que falte información porque es indudable que Gdeim Izik era un campamento «pacífico» hasta que hubo una «actuación armada» de los gendarmes, y eso es «una violación de los derechos humanos».

El representante del Polisario para España, Bucharaya Beyin, satisfecho por las declaraciones de los portavoces, lamentó que el Gobierno «admita la versión» de Marruecos de los hechos y se escude, al mismo tiempo, en la falta de información para no enemistarse con Rabat. «Cómo es posible que necesiten más información» cuando sólo en la morgue del hospital militar de El Aiún hay 38 cadáveres, se preguntó. «¿Van a condenar cuando haya 200 saharauis muertos?», volvió a interrogar el representante del Polisario. La respuesta llegó de la mano de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, quien admitió que la situación es «delicada», pero garantizó que España es el país que más desea «una solución justa y duradera» para el conflicto de la ex colonia. El Gobierno, entretanto, se ratificó en que dará nuevos pasos cuando tenga todos los detalles de los sucesos en el campamento saharaui porque todavía quedan puntos oscuros por esclarecer. De momento, la posición oficial es la de mostrar «preocupación» por los hechos, pero sin responsabilizar a nadie de los mismos.