El Poder Judicial 'blindará' a los jueces frente a las presiones externas
El nuevo reglamento sobre el amparo frenará las actuaciones «perturbadoras»
El Consejo del Poder Judicial, durante una reciente sesión plenaria.
Los jueces estarán más protegidos frente a las actuaciones «inquietantes o perturbadoras» que afecten a su independencia judicial. El nuevo reglamento del procedimiento de amparo, cuya aprobación ultima el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), nace con la intención de responder a una de las eternas demandas de la carrera judicial, en tanto que existe una cierta sensación de indefensión ante determinadas presiones externas. El nuevo reglamento confiere al Ministerio Fiscal un papel central, ya que deberá investigar las denuncias presentadas por los jueces y tribunales y determinar si los hechos denunciados vulneran su autonomía.
Cada año, la Comisión Permanente del CGPJ tramita entre «cinco o seis» peticiones de amparo de jueces y magistrados, que, por regla general, acaban siendo rechazadas. Se trata de una «cifra raquítica» a la vista del creciente interés de los togados por el uso del procedimiento de amparo. «Últimamente se están sobrepasando los límites y eran necesarias medidas especiales de protección», justificaba el presidente de un Tribunal Superior de Justicia en las jornadas de comunicación que organizó el Poder Judicial hace dos semanas en Zafra (Badajoz).
Uno de los puntos más espinosos del proyecto -"definir las actuaciones «perturbadoras» que pudieran coartar la independencia judicial-" se refiere a las declaraciones hechas en público y recogidas por los medios de comunicación que, «objetivamente», sean susceptibles de influir en la capacidad de resolución del juez, ya sea en fase de instrucción o cuando va a dictar sentencia. Asimismo, incluye aquellos actos y manifestaciones carentes de publicidad que también pueden afectar a la imagen o a las funciones jurisdiccionales del magistrado.
La petición de amparo se iniciará a instancias del juez y éste deberá explicar con «claridad y precisión» los hechos por los que se siente inquietado. El escrito deberá presentarse en un plazo máximo de cinco días desde que ocurrieron los hechos o desde que el magistrado tuvo conocimiento de los mismos. A partir de ahí será la Comisión Permanente del CGPJ quien tendrá que pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud.