El Estado blindará infraestructuras frente a Al Qaeda y las armas masivas
La nueva legislación dará plenos poderes a la Secretaría de Seguridad en las crisis
Neutralizar un gran atentado del «terrorismo internacional» o un ataque con «armas de destrucción masiva». Estos son dos de los objetivos de la futura ley de Medidas para la Protección de las Infraestructuras Críticas, que identifica a Al Qaeda como la gran amenaza para la «seguridad nacional», más allá del «terrorismo tradicional». El ambicioso texto, cuyo proyecto de ley entró el pasado miércoles en el Congreso para su debate, unifica y regula todas las normas, directivas y planes para la protección de país surgidos a raíz del 11-M y deja en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad la responsabilidad de coordinar la respuesta ante una catástrofe nacional.
Serán 18 artículos y cuatro disposiciones para tratar de evitar el caos ante atentados que pongan en riesgo la estabilidad del Estado o la paz social. El objetivo -”según se establece en la exposición de motivos del proyecto-” es tener una ley que blinde al país de los «problemas de seguridad en cascada» en el caso de que una o varias instalaciones esenciales sean objeto de «agresiones deliberadas y, muy especialmente, de ataques terroristas». El Gobierno asegura ser consciente de la «dependencia que las sociedades tienen del complejo sistema de infraestructuras que posibilitan el desenvolvimiento de los sectores productivos y la vida ciudadana en general», y de las «graves consecuencias» que un ataque a gran escala provocaría en los «suministros vitales» y en el «funcionamiento de los servicios esenciales», amén de la posibilidad de que se desataran «disfunciones graves en materia de seguridad».
La normativa consagra al Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) como el gran vértice de la seguridad, con mayúsculas, de España. Este departamento, al que la ley da carta de naturaleza y define como el «órgano ministerial encargado del impulso, la coordinación y la supervisión» de todos los programas de protección, pasa a ser el gran punto neurálgico de la seguridad del Estado, aunque está en funcionamiento desde el 2007.
El CNPIC pasa a estar por ley bajo control directo del número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado para la Seguridad, quien será el máximo jefe en el caso de una catástrofe nacional que afecte a las principales infraestructuras de España y el último responsable de que no ocurra ese desastre.
A partir de la aprobación del texto, todos los ministerios, administraciones autonómicas y locales, y empresas públicas o privadas que tengan a su cargo grandes infraestructuras susceptibles de ser atacadas, los llamados operadores críticos , deberán enviar al CNPIC sus planes de protección de esas instalaciones y dar cuenta de cualquier problema. Ahora con rango normativo, instituciones públicas y privadas pasan a tener «especiales obligaciones» para salvaguardar la seguridad de esos puntos. Una «comisión nacional» con carácter de «órgano colegiado» coordinará todos esos protocolos, siempre bajo la tutela de la Secretaría de Estado.
1397124194 «Catálogo» exhaustivo. El CNPIC también será el responsable, a la vista de la información de todos los actores implicados, de ir actualizando lo que la ley denomina Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. Se trata de una suerte de listado pormenorizado de los talones de Aquiles de la seguridad nacional, que pasa a ser materia clasificada como alto secreto, aunque es obvio que en él figuran estructuras como centrales nucleares, aeropuertos, grandes refinerías, gaseoductos y presas o nudos de comunicación.
La nueva normativa responsabiliza a los diferentes organismos de mantener en absoluto secreto esas «infraestructuras críticas» y los programas sectoriales que deberán elaborar para protegerlas. Hay todo un artículo, el 15, dedicado a la «seguridad de las comunicaciones» y la confidencialidad de estos planes.