Las víctimas se unen para exigir a ETA y Batasuna que condenen su pasado
Los colectivos aceptan por primera vez la reinserción si se cumple toda la condena
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua.
No debe existir impunidad «antes, durante o tras el fin de ETA». Las víctimas del terrorismo presentaron ayer el primer documento conjunto tras el alto el fuego de ETA en el que marcan «los principios rectores» que, a su entender, deben respetarse para conseguir el final de la banda con «ley y justicia». Las asociaciones de damnificados en ese comunicado exigen a la organización terrorista y a Batasuna «la condena de la historia del terror de ETA». Una «condición democrática básica», entienden, para que la coalición pueda participar en las elecciones y como paso previo a que los presos etarras puedan acogerse a cualquier reinserción, que no beneficio penitenciario. «Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación en el juego democrático», apunta el documento titulado No a la impunidad .
Esta hoja de ruta -”que ha sido consensuada por todos los colectivos a excepción de Voces contra el Terrorismo, la asociación que preside José Francisco Alcaraz-” reclama que el final de la organización terrorista se consiga sin «impunidad judicial o histórica» con sus miembros. Por ello, la declaración pone el énfasis en la política penitenciaria y reclama que en ningún caso el Gobierno haga una aplicación «laxa de la progresión de grados» porque ello «supondría una forma de impunidad».
«La política penitenciaria no debe convertirse en una medida de gracia», explica el texto, que rechaza las «soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras». La reinserción de los etarras encarcelados debe ser personalizada y desde una doble vertiente, privada y pública. En la privada, la reinserción debe pasar por una triple condición: reconocimiento del daño causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias por indemnizaciones y colaboración con los tribunales para esclarecer otros crímenes. La parte pública contempla la condena de la violencia y de los fines totalitarios de los terroristas.