El fiscal estudia pedir penas de prisión por desobediencia

La huelga salvaje de los controladores les podría salir muy cara en los tribunales. La Fiscalía General del Estado dio órdenes a los órganos territoriales afectados por el paro para que investiguen las razones que han llevado a los funcionarios a abandonar sus puestos de trabajo. El Ministerio Público espera recabar toda la información posible de las fuerzas de seguridad antes de tomar declaración a los controladores denunciados. Algunos de ellos ya están citados para el jueves, caso de cien gestores del tráfico aéreo de los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Los fiscales tendrán en cuenta la «gravedad de los hechos y al número de ciudadanos afectados» para estudiar posibles imputaciones por un delito de desobediencia militar (dada la militarización de las torres de control decretada por el Gobierno el viernes), que está penado desde tres meses y un día hasta los dos años de prisión. La otra posibilidad es acusarles de un presunto delito de sedición por la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea (LPPNA), que recoge castigos de prisión «menores».

No obstante, en el caso de que haya existido agravante la pena iría de los seis meses a los ocho años de cárcel.

Los propios fiscales tendrán que determinar si predomina el Código Penal Militar o la Ley Penal de Navegación Aérea para investigar la actuación de los controladores, sobre todo después de la entrada en vigor durante la jornada de ayer, sábado, del «estado de alarma».